* La Coparmex pidió al gobierno federal a fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y combatir a los grupos que ejecutan este delito……
Por Martha Romero
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que hasta el cierre de 2025 la extorsión se consolidó como un delito estructural que continúa creciendo, lo que afecta de manera directa la operación de las empresas asentadas en México, pues de 2015 a 2025, el número anual de víctimas pasó de seis mil 223 a 11 mil 081.
Por ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y combatir a los grupos que realizan este delito para proteger la inversión y preservar los empleos formales.
A través de un comunicado, señaló que no hay señales de una contención efectiva contra este delito, además de que a nivel estatal se muestran fallas estructurales en la contención del delito debido a la concentración crítica en diversos estados.
Refirió que el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz concentraron 65.2 por ciento de los casos, pero además en 20 de las 32 entidades se ha registrado un aumento anual de este delito.
Añadió que entre las entidades que tuvieron un mayor repunte se encuentran Tlaxcala con un aumento de hasta mil 300 por ciento, Chiapas con 364.3 por ciento, Ciudad de México con 264.4 por ciento, Nayarit con 171.4 por ciento, Yucatán con 100 por ciento y Puebla con 84.4 por ciento.
Mientras que en las regiones fronterizas también se percibe una trayectoria ascendente, siendo la frontera sur la que registra el mayor crecimiento.
Indicó que esta tendencia coincide con lo que viven las empresas en la nación, pues de acuerdo con DataCoparmex el 46.8 por ciento de las empresas fueron víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos.
De estas incidencias, 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias, el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que lleva a desconfiar en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.
Si bien la Coparmex reconoció la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, consideró que es indispensable que los gobiernos estatales constituyan unidades especializadas dentro de sus fiscalías, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.
Finalmente, insistió que se coloque a la extorsión como una prioridad nacional de política pública, en la que también se combata con inteligencia a los grupos que operan bajo la ley y asegurar que las empresas operen sin coerción.
