Por Mireya Álvarez
La desaparición de personas, en especial adolescentes y jóvenes, se ha convertido en una tragedia nacional de proporciones alarmantes y en el caso del Estado de México, las cifras de este año no solo estremecen, sino que colocan a la entidad como el epicentro de esta dolorosa crisis a nivel nacional, así lo manifestó Cristina Ruiz Sandoval, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al alzar nuevamente la voz con firmeza y sin titubeos: “Estamos frente al abandono institucional más crudo de las últimas décadas”.
En conferencia de prensa, Ruiz Sandoval presentó datos duros y denunció la pasividad del actual gobierno estatal encabezado por Morena frente a la escalada de desapariciones, denunció que entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2025, 882 personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas en el Estado de México, enfatizando que es la cifra más alta del país, superando incluso a entidades históricamente conflictivas como Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Michoacán y Sinaloa, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, perteneciente al propio Gobierno Federal.
“Estos números no son una declaración política, son estadísticas oficiales que reflejan una tragedia humana. Y no es un fenómeno aislado: es el síntoma de un sistema que ha fallado a sus jóvenes, a sus familias, a todos”, enfatizó.
La dirigente priista fue más allá y ofreció una comparación directa entre las administraciones estatales del PRI y Morena. En los primeros 20 meses del gobierno de Alfredo del Mazo Maza de septiembre de 2017 a mayo de 2019, dijo, se reportaron 449 personas no localizadas. En cambio, bajo la actual administración morenista, el número ha escalado a tres mil 650 personas desaparecidas en el mismo periodo.
Esto subrayó representa un aumento del 800 por ciento en desapariciones, lo que para Ruiz Sandoval evidencia “una incapacidad institucional alarmante y una falta absoluta de estrategia en materia de prevención y búsqueda”.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis indicó es el perfil de las víctimas. Según los registros, el 48 por ciento de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 34 años de edad. Es decir, se trata de adolescentes y jóvenes en plena etapa de formación académica, profesional o personal.
“Estos jóvenes deberían estar en escuelas, en universidades, en espacios culturales. En vez de eso, sus rostros están en fichas de búsqueda compartidas por redes sociales, sus nombres en listas interminables de desaparecidos. ¿Dónde están las políticas de juventud que prometieron?”, cuestionó.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme., indicó que los municipios particularmente afectados son Ecatepec con 91 desaparecidos, Nezahualcóyotl, Naucalpan con 44, Toluca con 28, y Cuautitlán Izcalli con 36, por ello consideró que la situación en estas localidades es ya una señal de alerta roja.
La también senadora, puso el dedo en la llaga sobre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBOPE), un organismo creado en 2018 por el propio PRI, que hoy expresó parece operar en la sombra.
“A pesar de la crisis, se le asignó un presupuesto de apenas 15 millones de pesos, lo que representa el 1por ciento del presupuesto de la Consejería Jurídica del Estado, de la cual depende administrativamente. ¿Qué se hace con esos 15 millones? Nadie lo sabe. No hay informes, no hay transparencia, no hay resultados. El gobierno dice que la cifra es significativa, pero es una burla frente a la magnitud de la tragedia”, declaró.
Aunado a ello, agregó que, durante gobiernos anteriores del PRI, se crearon células de búsqueda en los 125 municipios y que actualmente solo en 110 de ellos permanecen activas, y la dirigente pregunta: ¿realmente están funcionando?.
Lo más preocupante, indicó que en lo que va del 2025, el gobierno estatal no ha presentado una sola política pública innovadora para prevenir la desaparición de adolescentes y jóvenes.
Ante ello, propuso una ruta de diagnóstico, datos genéticos, alerta temprana y redes comunitarias, además de una ruta clara y estructurada para revertir esta crisis como: diagnóstico territorial con enfoque de género y juventud, para identificar zonas de alto riesgo y actuar con precisión; la creación de un banco estatal de datos genéticos, interconectado con fiscalías, poder judicial, comisiones de derechos humanos y órganos de búsqueda; fortalecimiento del programa de alerta temprana para desaparición de menores, con un enfoque psicosocial y comunitario.
La creación de una red de defensoras y buscadoras comunitarias, con respaldo institucional, protección legal y acompañamiento psicológico.
“Estas mujeres, las madres buscadoras, que día a día ponen el cuerpo en la búsqueda de sus hijos, no solo merecen respeto, merecen herramientas y protección. Ellas no pueden seguir solas en esta batalla…Exigimos responsabilidad, no discursos”, afirmó.
Finalmente hizo un llamado urgente y contundente al gobierno estatal y federal: “No basta con discursos ni con cifras maquilladas. Exigimos una estrategia integral. Cada día que pasa sin acción es un día más en que destruimos el futuro de nuestras juventudes. Mientras no se agoten todos los recursos y esfuerzos, no se agotarán nuestras exigencias”, concluyó.
La desaparición de personas en el Estado de México ya no es una crisis silenciosa. Es una realidad insostenible que clama por acciones inmediatas. Los datos son claros, las voces son firmes, y el tiempo se agota.
