* Mil millones, opacidad y precariedad para sus propios agentes……
Por Mary González
Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México -CUSAEM- vuelven a destacar, no por su eficacia, sino por sus irregularidades y su turbio papel como caja chica gubernamental, miles de millones desviados bajo un manto de impunidad, mientras sus propios elementos denuncian sueldos raquíticos, descuentos arbitrarios y ausencia total de derechos.
Durante décadas, CUSAEM ha operado en una ambigüedad jurídica; no es una corporación pública formal, pero tampoco una empresa privada regulada, lo que le permite adjudicarse contratos multimillonarios sin licitación, evadir controles fiscales y mantener un nivel de opacidad que deja indefenso al personal que, paradójicamente, protege instalaciones del Estado, empresas privadas, bancos, autopistas e incluso zonas neurálgicas del país.
Informes públicos revelan que entre 2006 y 2010, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, CUSAEM obtuvo 105 contratos por un total de 3 mil 389 millones de pesos, lo que evidenció su enorme poder financiero y su estrecha relación con altos círculos priistas, lo que confirma lo que desde entonces muchos se atrevieron a decir: CUSAEM no es ninguna “policía auxiliar” al servicio de la ciudadanía, sino la caja chica de unos cuantos con filtros de protección oficiales.
En efecto, a pesar de recibir esos recursos, sus elementos -quienes portan armas, placas y credenciales firmadas por el Secretario estatal de Seguridad Pública- no son reconocidos como servidores públicos, no perciben prestaciones dignas, carecen de seguridad social efectiva y muchas veces laboran en condiciones de abuso, como lo han denunciado ellos mismos.
Según la CNDH y organismos legislativos del Estado de México, CUSAEM ha sido señalado por violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, acoso laboral, negligencia médica y falta de rendición de cuentas; desde 2023 hasta 2025, se habrían acumulado al menos diez quejas formales ante esas instancias, lo que cuestiona su legitimidad operativa y revela una crisis institucional profunda.
Por si fuera poco, sus plantillas sufren recortes salariales, descuentos injustificados y prestaciones paupérrimas: agentes aseguran recibir quincenas de apenas 4 mil 200 pesos, reducciones en el “sueldo unitario”, pagos míseros de vacaciones, y en muchos casos, ni siquiera tienen contratos formales. Algunos exponen que, incluso cuando prestan servicios peligrosos, la empresa no les brinda información clara sobre su estatus legal ni respaldo laboral, lo que los deja en un limbo de explotación disfrazada de seguridad.
Estas condiciones son aún más ofensivas si se considera que CUSAEM ha recibido contratos para custodiar bancos, autopistas, casetas de peaje, instalaciones de gobierno, hospitales, centros comerciales, empresas privadas y hasta instalaciones estratégicas, muchas veces adjudicados de forma directa, sin licitación ni transparencia, lo que sugiere un uso discrecional del gasto público, favoreciendo redes de poder y corrupción.
Legisladores mexiquenses han denunciado este esquema y exigido su regulación inmediata: pedir que CUSAEM sea auditado, que se aclare su naturaleza jurídica, que sus ingresos públicos sean fiscalizados, que sus elementos tengan el estatus de servidores públicos, con derechos y obligaciones, que se sometan a los controles de confianza, certificación y profesionalización que exige la ley.
Sin embargo, año con año, CUSAEM opera bajo la protección del Estado, sin rendir cuentas, sin responder por su destino presupuestal y sin reconocer a quienes hacen el trabajo más riesgoso; mientras tanto, sus agentes -los mismos que patrullan autopistas y centros comerciales- siguen mal pagados, desprotegidos y sin certeza laboral.
Hoy, cuando exigen una “regularización legal”, lo que piden no es un favor: es justicia. Justicia para ellos y para la sociedad que tiene derecho a saber quién cuida su seguridad, bajo qué normas, con qué recursos y si esos recursos realmente se usan para proteger, y no para engordar las arcas de unos cuantos amparados por el poder.
