* Promesas incumplidas reavivan protesta……
Por Mireya Álvarez
La inconformidad vuelve a estallar al interior del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, CUSAEM, una corporación que durante años ha operado en una zona gris administrativa y laboral, ahora sus propios elementos denuncian una nueva cadena de abusos, engaños y violaciones a derechos básicos, y anuncian que retomarán movilizaciones el próximo 8 de enero como única vía para hacerse escuchar por un gobierno que, acusan, ha incumplido sistemáticamente su palabra.
La protesta, convocada a través del portal Ciudadanos Uniformados, partirá del llamado edificio de cristal sobre Paseo Tollocan, un punto simbólico del poder estatal, la elección del lugar no es casual, los elementos buscan visibilizar una problemática que, aseguran, ha sido deliberadamente minimizada por las autoridades, pese a afectar a miles de trabajadores armados que prestan servicios de seguridad pública y privada bajo el amparo del Estado.
Uno de los detonantes más recientes del conflicto es el presunto engaño relacionado con el bono de fin de año, los inconformes señalan directamente al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, a quien acusan de haber anunciado públicamente dicho beneficio durante la celebración del Día del Policía Mexiquense, generando expectativas legítimas entre el personal operativo.
Sin embargo, lo que fue presentado como un reconocimiento terminó convertido en una burla, ya que el recurso fue posteriormente descontado de las percepciones de numerosos elementos, bajo el argumento de una supuesta equivocación administrativa, el bono, explicaron después, estaba destinado únicamente a personal sindicalizado, una condición que nunca fue aclarada en el anuncio original, ni comunicada con transparencia, lo que provocó afectaciones económicas directas y un profundo malestar.
Para los integrantes del CUSAEM, este episodio no es un error aislado, sino un reflejo de una práctica recurrente de opacidad, improvisación y desprecio por los derechos laborales, en una corporación donde muchos trabajadores carecen de certeza contractual, prestaciones claras y mecanismos efectivos de defensa, pese a desempeñar funciones de alto riesgo.
A la molestia por el bono se suma la continuidad de bajas por rescisión de contrato, una práctica que los elementos califican como arbitraria y punitiva, ya que, aseguran, se mantiene incluso después de los acuerdos alcanzados con la Secretaría General de Gobierno, dichos compromisos se establecieron en mesas de trabajo que sirvieron como argumento para cancelar la manifestación programada el pasado 3 de diciembre, en un acto de confianza que hoy consideran ingenuo.
Los denunciantes afirman que aceptaron suspender aquella protesta con la promesa de que habría soluciones reales, revisión de despidos, regularización laboral y respeto a sus derechos, no obstante, a semanas de distancia, el saldo es nulo, no hay reinstalaciones, no hay claridad, y las bajas continúan, lo que refuerza la percepción de que las mesas de diálogo fueron solo una estrategia para ganar tiempo y desactivar la presión social.
El caso del CUSAEM evidencia una contradicción profunda en la política de seguridad del Estado de México, por un lado, se exige a los elementos disciplina, lealtad y eficacia, por el otro, se les niegan condiciones laborales dignas, se les mantiene en la incertidumbre y se les castiga cuando alzan la voz, esta lógica no solo es injusta, sino peligrosa, ya que debilita la institucionalidad y erosiona la moral de quienes portan armas bajo mandato estatal.
Resulta especialmente grave que estas denuncias surjan en una corporación que históricamente ha sido señalada por su estatus jurídico ambiguo, el CUSAEM no es formalmente una policía estatal, pero opera con respaldo gubernamental, presta servicios a dependencias públicas y privadas, y genera ingresos millonarios, sin que ello se traduzca en estabilidad para su personal, esta dualidad ha permitido, durante años, evadir responsabilidades laborales claras.
La ausencia de una postura oficial por parte de las autoridades estatales frente a estas nuevas acusaciones no hace sino agravar el conflicto, el silencio institucional es leído por los elementos como una forma de desprecio y como confirmación de que no existe voluntad política para atender el problema de fondo, mientras tanto, la inconformidad crece y la movilización del 8 de enero se perfila como un nuevo punto de quiebre.
Los integrantes del CUSAEM han advertido que las protestas continuarán hasta que se respeten sus derechos laborales y se garantice certeza en sus condiciones de trabajo, su exigencia no es extraordinaria, piden lo mínimo, claridad, cumplimiento de acuerdos y trato digno, la pregunta es si el gobierno del Estado de México está dispuesto a asumir el costo político de ignorarlos o si, una vez más, optará por administrar el conflicto en lugar de resolverlo.
En un contexto donde la seguridad pública es una de las principales preocupaciones ciudadanas, mantener en el abandono a quienes integran cuerpos auxiliares como el CUSAEM no solo es una omisión grave, sino una irresponsabilidad, la protesta anunciada no surge de la nada, es el resultado de años de precariedad normalizada y promesas incumplidas, y mientras no haya un cambio real, el conflicto seguirá latente, con o sin movilizaciones.
