Entre los candidatos a juzgadores que participarán en la elección del 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, hay personajes que han defendido a narcotraficantes, que están acusados de ataques a periodistas o que son integrantes del círculo cercano del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, acusado de abuso sexual en contra de menores de edad.
Ante dichas circunstancias la organización Defensorxs, que ha monitoreado el proceso de la elección judicial, elaboró una clasificación de candidaturas altamente riesgosas. Entre ellos, lo mismo se encuentra una exabogada de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, uno del Z40, un candidato acusado de acoso sexual y que en un arranque de ira porque estaba en una silla incómoda, la rompió para que se la cambiaran, o una jueza que pedía a su equipo de trabajo que le enseñara su celular y presuntamente privó a un empleado de su libertad.
Entre abogados del narco, destaca el nombre de Silvia Rocío Delgado García, candidata a juez penal en Chihuahua, postulada por el Poder Ejecutivo del mismo estado. Se le señala por defender a presuntos narcotraficantes. Uno de ellos, Joaquín el Chapo Guzmán, quien encabezó al Cartel de Sinaloa. En diciembre de 2016, abogó para que le dieran otra cobija a Guzmán, en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, según citan fuentes informantes.
Se sabe que bajo la coordinación de los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, su tarea era ser enlace y mantener contacto directo y permanente con el narcotraficante, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica.
Fernando Escamilla Villarreal, propuesto por el Comité de Poder Ejecutivo para Nuevo León. Es candidato a juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Cuarto Circuito. Ha defendido al menos a dos integrantes del Cártel de Los Zetas para evitar que sean extraditados. Uno de ellos es Miguel Ángel Treviño, el Z40, fundador del sanguinario cártel y expulsado de México en febrero pasado.
Otro es Eleazar Medina Rojas, apodado “El Chelelo”, que fue extraditado en 2023. Se trataba de uno de los principales homicidas y secuestradores del Cártel del Golfo.
Las fuentes advierten que Escamilla Villarreal fue detenido en una ocasión por portar arma de fuego, una escuadra Smith Wesson, sin licencia. No tiene experiencia en el PJ.
Su nombre fue mencionado el 31 de marzo pasado por el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, quien recordó que fue abogado del Z40. Debido a ello, calificó la elección judicial como un proceso “turbio, un cochinero y una absoluta farsa”.
Francisco Herrera Franco, fue propuesto por el comité de Evaluación del Poder Legislativo, y busca ser juez en materia penal.
Fue fiscal regional en Zitácuaro, y es apodado “El Fiscal del Terror”. Está acusado de ser presuntamente el responsable del asesinato de dos periodistas, Roberto Toledo y Armando Linares a inicios de 2022.
Ambos ya habían sido amenazados a partir de que exhibieron acusaciones contra el ahora exfiscal, por supuestamente invitar a una comunidad a formar parte de una célula delincuencial, según revelan las fuentes
También ha sido señalado de tener vínculos con la delincuencia organizada y fabricar delitos. Es conocido como “El Fiscal del Terror” por su historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales, como quedó documentado en grabaciones filtradas donde se le escucha presuntamente colaborando con un líder del crimen organizado en Zitácuaro.
Jesús Humberto Padilla Briones, propuesto por el Comité del Poder Legislativo. Compite para Juez de Distrito Penal del cuarto circuito de Nuevo León. No cuenta con experiencia laboral en el poder Judicial.
Entre sus antecedentes está que en julio de 2023 fue detenido en Montemorelos durante una persecución policial. Las autoridades encontraron en su vehículo un arma de fuego con 17 dosis de cristal. Iba acompañado de dos personas más, que también fueron arrestados. Los 3 fueron vinculados a proceso por narcomenudeo e incluso trasladados al Penal de Apodaca. Pero el 28 de febrero del año pasado se le otorgó una suspensión condicional del proceso a su favor.
Las fuentes informantes recuerdan que cuando fue detenido declaró ser líder de Movimiento Ciudadano en el municipio de Los Rayones, en Nuevo León.
