Por Karina A. Rocha Priego
karina_rocha1968@yahoo.com.mx
En un giro alarmante hacia el autoritarismo, el Gobierno Federal ha propuesto una nueva ley, con el pretexto de regular la información en plataformas digitales, lo que constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a la información. Esta iniciativa no sólo es una amenaza para los medios de comunicación y periodistas, sino también para cualquier voz crítica que se atreva a cuestionar las políticas del Gobierno Federal.
La falacia de la “regulación” como excusa para la censura
La propuesta de Claudia Sheinbaum se presenta como una medida para combatir la desinformación y proteger a los usuarios de contenidos nocivos en internet; sin embargo, al analizar el contenido de la iniciativa, se revela que su verdadero objetivo es silenciar a los opositores y controlar el flujo de información en la red. La ley otorga al gobierno facultades discrecionales para determinar qué contenidos son “falsos” o “dañinos”, sin un marco legal claro que garantice la imparcialidad en su aplicación.
Este tipo de legislación no es nueva en regímenes autoritarios. Países como Rusia, China y Turquía han implementado leyes similares con el mismo pretexto de combatir la desinformación, pero en la práctica, estas leyes se han utilizado para acallar a la oposición política y restringir la libertad de prensa. La propuesta de Sheinbaum sigue este mismo patrón, buscando controlar el discurso público y limitar el acceso a información.
Peor aún, ¿con qué calidad moral se atreverán a decir qué información es real y qué información es falsa? Porque al final lo que ven los mexicanos ¡es lo que hay!, es lo que han dejado de herencia luego de un sexenio fallido y mentiroso.
¿Con qué calidad moral se atreverán a controlar a los medios? Cuando las administraciones morenistas han demostrado ser “marionetas” de un titiritero que, en menos de seis años, destruyó al país, pretendiendo hacer creer que los más están mal y ellos, los menos, están bien.
Un ataque directo a los medios de comunicación y periodistas
Los medios de comunicación y periodistas independientes son los principales objetivos de esta ley. Al otorgar al gobierno la capacidad de determinar qué contenidos son “falsos”, se crea un ambiente de autocensura y miedo entre los profesionales de la información. La posibilidad de ser sancionados por difundir noticias que el gobierno considere “incorrectas” pone en riesgo la labor periodística y la función crítica que desempeñan en una democracia.
Indiscutiblemente, lo que se busca con esta “ley” es no sólo manipular a los medios de comunicación a través “del miedo y la amenaza”, sino hacerlos partícipes de un gobierno autoritario, falto de credibilidad y de compromiso con los mexicanos. El que compren la voluntad de la gente, no significa que están gobernando por el bien de un país; sólo están creando marionetas inservibles que, a la larga, se “chuparán” a México, sin ser capaces de “producir” nada ni para su propio beneficio.
Esos más de 15 millones de “zánganos” que el gobierno llama “beneficiarios de programas sociales”, se han convertido en una “plaga” para la economía del país, y es a esos a los que pretenden seguir llegando con noticias falsas, resultados falsos. No nos hagamos tarugos, quieren un país socialista que genere riquezas para unos cuantos (el gobierno) mientras los demás se convierten en limosneros del gobierno.
Para colmo, esta ley propone sanciones económicas y legales para aquellos que difundan información considerada “dañina”.
Estas medidas no sólo afectan a los medios de comunicación establecidos, sino también a los periodistas independientes, blogueros y usuarios de redes sociales que comparten información y opiniones.
La criminalización de la expresión en línea es una amenaza directa a la libertad individual y a la pluralidad de voces en el espacio público. Estarán de acuerdo que, para un gobierno autoritario, mentiroso y corrupto, lo que menos conviene es que saquen a la luz sus “trapitos sucios”, para eso es esta ley que propone el Gobierno Federal y, lo que es peor, ¡los rastreros del sistema se la van a tragar y la van a aprobar!.
La concentración del poder en manos del gobierno
Una de las características más preocupantes de esta propuesta es la concentración de poder en manos del Gobierno Federal. Al otorgar a una agencia gubernamental la facultad de decidir qué contenidos son permitidos en internet, se crea un precedente peligroso que puede ser utilizado para perseguir a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil. La falta de mecanismos de control y supervisión independientes permite que esta agencia actúe sin rendir cuentas, lo que abre la puerta a abusos de poder y arbitrariedades.
Además, la ley no establece un proceso claro y transparente para que los ciudadanos puedan impugnar las decisiones de censura.
Esto significa que, en la práctica, cualquier contenido que critique al gobierno o a sus políticas puede ser eliminado sin justificación, sin posibilidad de defensa y sin transparencia en el proceso.
Amenaza a la democracia y al Estado de derecho
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin ella, no hay posibilidad de debate público, de rendición de cuentas ni de participación ciudadana informada. La propuesta de ley de Sheinbaum atenta directamente contra estos principios democráticos, al buscar silenciar las voces disidentes y controlar la información que circula en la sociedad.
Además, esta iniciativa socava el Estado de derecho, al permitir que el gobierno actúe como juez y parte en la regulación de contenidos en internet. La ausencia de un marco legal claro y de mecanismos de control independientes convierte a esta ley en una herramienta de control político, más que en una medida para proteger a los ciudadanos de la desinformación.
La respuesta de la sociedad civil y la comunidad internacional
Ante esta amenaza, la sociedad civil, los medios de comunicación y organizaciones internacionales, han expresado su preocupación y rechazo a la propuesta de ley. En México, diversos colectivos de periodistas, defensores de derechos humanos y académicos han señalado que esta iniciativa representa un retroceso en la lucha por la libertad de expresión y la democracia en el país.
A escala internacional, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras han condenado la propuesta, alertando sobre el riesgo de que México se convierta en un país donde la censura y la represión de la libertad de expresión sean la norma.
Una ley que debe ser rechazada y combatida
La propuesta de ley de censura del Gobierno Federal, es un ataque frontal a la libertad de expresión, a la democracia y al Estado de derecho en México, por lo que es responsabilidad de todos los mexicanos rechazar esta propuesta y defender la libertad de expresión en todas sus formas.
Los medios de comunicación, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general deben unirse para exigir que el Gobierno Federal retire esta iniciativa y respete los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
La democracia y la libertad de expresión no son negociables, y debemos estar dispuestos a defenderlas con firmeza y determinación.
