Por Mireya Álvarez
La violencia política de género sigue siendo una de las grandes luchas de las mujeres en la política mexicana, y el caso de la regidora priista de Luvianos, Xóchitl Martínez Macedo, lo evidencia con claridad.
Acompañada por la dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, así como de los diputados locales la regidora hizo pública la denuncia, así como el tormento y las presiones que ha enfrentado por parte del presidente municipal de Luvianos, Edder Jesús Jaimes Garduño, quien, según la funcionaria, ha cometido diversas violaciones a sus derechos políticos, además de someterla a hostigamientos y amenazas.
“Es importante alzar la voz como mujer y como regidora priista, especialmente al representar a las comunidades indígenas de Luvianos. Si de por si ser mujer es un reto, ser regidora de oposición ha sido un reto aún mayor, especialmente porque las estructuras de poder han dificultado mi participación activa dentro del cabildo”, expresó.
Martínez Macedo declaró que ha sido víctima de discriminación y exclusión. A pesar de que, de acuerdo con el reglamento interno, los regidores tienen derecho a participar durante cinco minutos en las sesiones, su voz ha sido ignorada. Incluso, en varias ocasiones, dijo, se le ha negado el uso de la palabra, y ha sido cuestionada acerca de su formación política y su capacidad para emitir su voto, cuando, como regidora, tiene la responsabilidad de supervisar la administración municipal.
“He sido vulnerada al negarme la entrega de mi licencia funcional, un derecho al que tengo acceso como regidora. En voz del presidente municipal me dijo que no me recibiría salario alguno a lo largo de toda la administración, por lo que me daba la opción de renunciar a la regiduría, a lo que me negué rotundamente y lo cual me ha impedido acceder a su seguro médico y otras prestaciones. A partir de esa negativa, comencé a recibir hostigamientos y amenazas, que incluso llegaron a extenderse también a mi familia. Temo por integridad y la de mi familia, pues en diversas ocasiones hemos recibido intimidaciones, cuando mi único objetivo es ser una representante digna para la gente de Luvianos”, declaró.
Ante ello, la funcionaria local, informó que el 25 de febrero de 2025, presentó formalmente una denuncia por el delito de violencia política de género, radicando el caso en la unidad de género de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) y ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Posteriormente, acudió a ratificar la denuncia, ampliando sus declaraciones, y fue informada de que el presidente municipal ya estaba al tanto de la denuncia interpuesta.
“En una reunión privada en las instalaciones del Palacio Municipal, Jaime Garduño me hizo de conocimiento que sabía de la denuncia que había presentado e insistió en que renunciara para que pudiera recibir mis pagos, a lo cual nuevamente me negué porque mi dignidad no está a la venta y yo solo estoy pidiendo lo que me pertenece por derecho”, indicó.
A raíz de las amenazas recibidas, Xóchitl Martínez solicitó a la Secretaría General de Gobernación y Policía Estatal medidas precautorias de protección para garantizar su seguridad, sin embrago acusó que fue revictimizada por la dependencia.
Asimismo, dijo que ha realizado una denuncia en el Tribunal Electoral de la entidad, dado que su no cuenta con el pago ni los recibos de pago correspondientes a las remuneraciones de enero, febrero y marzo.
Por otra parte, también denunció que el edil de Morena, Jaimes Garduño es omiso en integrar de manera paritaria el ayuntamiento, dado que de las direcciones 14 son ocupadas por hombres, mientras que cuatro únicamente por mujeres.
Por su parte, la dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, expresó su solidaridad con la regidora y destacó la importancia de visibilizar estos casos de violencia política de género. “Les pido, de verdad, compañeros de los medios, hagan evidente estos casos. Hablamos todo el tiempo de la lucha contra la violencia política de las mujeres. Y hoy es un caso muy claro, aquí está ella. Ella está ahí porque ganó una elección de representación porque así lo decidió la gente de Luvianos”, afirmó.
Ruiz Sandoval también exigió al alcalde que cumpla con sus responsabilidades y respeten los derechos de los funcionarios públicos, así como el pago de los salarios a los que tienen derecho.
“El llamado es claro, es necesario erradicar la violencia política de género y garantizar la protección de los derechos de todas y todos los funcionarios públicos, sin importar su género, partido o posición política. Este tipo de situaciones no solo afecta a las personas involucradas, sino que también deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”, puntualizó.
