* Encabezada por María Margarita Alvarenga Baeza……
Una nueva denuncia sacude a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), al revelarse la existencia de una red de extorsión que opera en el área de combustibles a nivel nacional, con la presunta participación de exempleados y actuales funcionarios de alto nivel.
De acuerdo con empresarios, extrabajadores y fuentes internas, esta estructura estaría encabezada por María Margarita Alvarenga Baeza, quien sin tener cargo oficial alguno, se identifica como operadora del director general de Verificación, Gabriel Leyva Martínez.
Según la denuncia, Alvarenga impone cuotas mensuales a estaciones de servicio, y en caso de incumplimiento, ordena operativos de verificación que derivan en clausuras, aún si las estaciones venden litros completos.
La funcionaria también habría sido vista coordinando pagos en cafés starbuks un exverificador identificado como Noé Guillén quien era el encargado de extorsionar a las estaciones en las administraciones pasadas con el objetivo de proteger a ciertas estaciones a cambio de dinero.
El documento señala que esta operadora actúa presumiendo amistad y cercanía con la subprocuradora de Verificación, Andrea González Hernández, además de presumir tener una protección política debido a que su nombramiento de ella y su jefe fueron realizados por la misma Presidenta de la república, al punto de autollamarse la “LA DIRECTORA DE GASOLINA” y que todo pasa por sus manos y decisiones.
También se le atribuyen antecedentes en la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, donde presuntamente cobraba cuotas ilegales a comerciantes ambulante, donde incluso en días anteriores, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega denunció a través de sus redes sociales el otorgamiento de permisos irregulares a comerciantes dentro de esa alcaldía, señalando directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la administración pasada con múltiples irregularidades como los permisos en el Barrio Chino del Centro Histórico, otorgados de manera irregular por el área que en ese entonces dirigía Gabriel Leyva, en esa operación, también fue señalada por los mismos comerciantes como la operadora directa a María Alvarenga, quien les cobraba 50 mil pesos a nombre de su jefe.
Esta situación fue observada incluso por la Contraloría y por otras alcaldías de la Ciudad de México, evidenciando así un patrón de conducta que ahora parece haberse trasladado al sector gasolinero bajo el mismo esquema de cobro, amenazas y extorsión, se denunció.
Y se destacó que el cargo actual de esta funcionaria no es ser la secretaria particular de Gabriel si no su operadora ya que su particular tiene el nombre de “Alexis” y ella presume que este fue nombrado por ella misma para que este siga sus indicaciones.
Dos casos recientes ilustran el modus operandi: Estación de Servicio QADIRA S.A. de C.V. (Ciudad de México): el viernes 2 de mayo, fue avisada 4 horas antes de la llegada de los verificadores dirigidos por el amigo de María, el exverificador Noe Guillen, siendo amenazada con clausura por no pagar la cuota mensual. Incluso si vendiera litros completos mientras que otra estación en Morelos fue sancionada tras una verificación ordenada directamente por Alvarenga.
En ambos casos, se utilizó información confidencial para ejecutar las acciones, cuando esta información solo está en manos de María, su jefe el director general y la subprocuradora Andrea González, por lo que se evidencia la venta de informacion a los exfuncionarios como el exverificador Noe Guillen, el exdirector de gasolina Carlos Aron y al exdirector de GAS Adrián Basilio para extorsionar a las estaciones.
Además, la denuncia incluye cuestionamientos éticos sobre la conducta personal de la funcionaria, señalando incluso la venta de contenido sexual en plataformas digitales y presuntos favores sexuales como medio para obtener posiciones. Esto ha encendido las alarmas sobre quién controla la vigilancia en el sector gasolinero.
Ante la gravedad de las acusaciones, se exige la intervención de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y la Presidencia de la República, con el fin de desmantelar la red de corrupción y recuperar la credibilidad de PROFECO como defensora de los derechos del consumidor.
