* Cifras récord exhiben fracaso institucional……
Por Karina Rocha
El Estado de México cerró 2025 con una cifra que debería sacudir conciencias pero, en la práctica, apenas provoca comunicados tibios y discursos defensivos; las desapariciones aumentaron 12.4 por ciento en un solo año al pasar de 12 mil 436 casos en 2024 a 13 mil 982 en 2025, una tendencia ascendente que confirma que la entidad más poblada del país también se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria que el gobierno no ha sabido contener.
Edomex, líder nacional en ausencias que nadie explica
Los datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia no dejan margen para la interpretación optimista ni para la narrativa oficial, ésta que insiste en hablar de avances en seguridad, mientras miles de familias buscan a alguien que no volvió a casa. En este último año de gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el Edomex se colocó a la cabeza nacional en personas desaparecidas, un liderazgo vergonzoso que contrasta con los mensajes de control y gobernabilidad.
La dimensión del problema es brutal, casi seis de cada diez personas desaparecidas son hombres, pero el dato más alarmante está en las mujeres y los menores de edad pues tres mil 977 personas tenían menos de 18 años al momento de desaparecer y en el caso de las mujeres, el 22 por ciento se concentra entre los 15 y 19 años, un rango de edad marcado por la violencia de género, la trata y la captación criminal, ante la mirada rebasada del Estado.
Menores y mujeres jóvenes, el rostro más brutal de la crisis
Los municipios más golpeados no son sorpresa: Atlautla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, territorios donde la inseguridad dejó de ser excepción para convertirse en rutina.
Atlautla, incluso, con una reducción marginal sigue encabezando la lista con mil 861 casos, mientras en el resto los números crecen, confirmando que no existe una estrategia diferenciada ni efectiva para contener el fenómeno.
Lo que estos datos exhiben es una emergencia social que se ha normalizado a fuerza de repetición, mientras el discurso oficial presume reducciones, en otros delitos las desapariciones avanzan sin freno, como si fueran un daño colateral asumido por la autoridad. La estadística fría esconde una realidad más dura: familias solas, trámites interminables, ministerios públicos saturados, búsquedas tardías y una justicia que casi nunca llega.
Familias solas ante un Estado lento y rebasado
El propio Instituto advierte que los familiares quedan indefensos ante un sistema de justicia lento, burocrático y frecuentemente insensible, donde las primeras horas cruciales se desperdician entre papeleo y omisiones. La ausencia de reacción inmediata no es un error, es una constante que multiplica el riesgo y reduce las posibilidades de localización con vida.
Frente a esta crisis, el Congreso local intervino aprobando una iniciativa enviada por la gobernadora, para fortalecer a las instituciones de búsqueda, localización e identificación, el problema es que estas reformas llegan tarde y cargan el peso de la desconfianza social, porque promesas similares ya se han escuchado antes sin que la realidad cambie.
El nuevo marco legal plantea sistemas de información actualizados, activación inmediata de alertas, acceso a datos biométricos, registros forenses, imágenes satelitales y cooperación interinstitucional.
Sobre el papel, el diseño es ambicioso, en los hechos el reto será romper la inercia de la simulación y garantizar que estas herramientas no queden archivadas mientras las cifras siguen creciendo.
Reformas tardías frente a una tragedia cotidiana
La autorización para que instancias públicas y privadas compartan datos biométricos forenses y administrativos, es un paso relevante, pero también delicado en un país donde la protección de datos y la rendición de cuentas son frágiles, la eficacia de esta medida dependerá de controles claros y de una supervisión que hoy no existe.
La obligación de registrar de inmediato cualquier reporte de desaparición y difundir fichas de búsqueda sin plazos de espera, es una exigencia mínima que, durante años, fue ignorada y hoy se presenta como innovación cuando, en realidad, corrige una omisión histórica que costó miles de vidas.
El fortalecimiento de la Fiscalía Especializada con personal capacitado, recursos suficientes y enfoque de género, es otra promesa necesaria pero insuficiente, si no se acompaña de voluntad política para investigar redes criminales, colusiones y responsabilidades institucionales, porque las desapariciones no ocurren en el vacío, ocurren en territorios controlados, disputados o abandonados por el Estado.
El informe mensual obligatorio al Sistema Nacional de Seguridad Pública suena a transparencia, pero también a control estadístico y si esos reportes no derivan en correcciones inmediatas, en operativos y políticas públicas, serán solo otro archivo más en una base de datos saturada.
A nivel nacional, se reconocen más de 120 mil personas desaparecidas, aunque los colectivos aseguran que la cifra real es mucho mayor. La escasa denuncia y las investigaciones deficientes, revelan una debilidad estructural del Estado mexicano para garantizar derechos básicos como la vida, la libertad y el acceso a la justicia.
En Edomex, esta debilidad se siente con más fuerza, porque la magnitud del problema supera la capacidad de respuesta institucional, mientras no se asuma la crisis como prioridad absoluta y no como tema administrativo, por lo que las desapariciones seguirán aumentando y con ellas la fractura social, la desconfianza y el dolor de miles de familias que buscan, sin descanso, lo que el Estado no ha sabido encontrar.
