* El vital líquido era extraído a través de pozos y redes clandestinas, para luego venderlo y distribuirlo de forma ilegal, la FGJEM detectó al menos seis organizaciones vinculadas con la explotación clandestina……
Por Martha Romero
Con la implementación de la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua, que se desplegó de manera simultánea en 48 municipios mexiquenses desde las primeras horas de este viernes, elementos de diversas corporaciones policiacas y de los tres órdenes de gobierno, intervinieron más de 190 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobre explotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el propósito es interrumpir el comercio ilícito del agua, pues de acuerdo con las investigaciones en estos sitios se extraía el vital líquido a través de pozos y redes clandestinas, para luego venderlo y distribuirlo de forma ilegal.
Las autoridades identificaron que organizaciones como La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), los 300, Libertad, 25 de Marzo y La Chokiza, están vinculadas con la explotación clandestina de pozos.
También señaló que estos grupos habrían controlado la distribución y comercialización del agua a través de cobros abusivos a particulares y empresas, además de que operaban con estructuras jerarquizadas similares a las de una red delictiva organizada.
La FGJEM informó que esta operación se lleva a cabo con base en diversos expedientes de investigación y denuncias ciudadanas, ya que estas actividades ilícitas afectan directamente el caudal de las redes oficiales y generan déficit en la distribución a las comunidades.
Los municipios en donde se implementó este operativo fue Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero.
También en los municipios de Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, Tianguistenco, San Felipe del Progreso, San Martin de las Pirámides, Soyaniquilpan, Tecamac, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Santa María Rayón, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Tejupilco, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
La dependencia señaló que dicha acción no interfiere con el funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales, pero en caso de que se registre alguna afectación en la distribución, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, implementarán un plan de contingencia.
En este operativo participan elementos de la FGJEM, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa, de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y corporaciones policiacas municipales, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Cabe señalar que en el pasado mes de abril, en la colonia de El Pirame, en el municipio de Ocoyoacac, fueron aseguradas 18 tomas clandestinas de agua, así como siete domicilios cateados donde presumiblemente se sustraía, almacenaba y explotaba agua potable de tomas irregulares.
Había cisternas, llaves de conexión, sistemas de bombeo, ductos y mangueras para abastecer contenedores y vehículos de carga tipo cisternas de alto volumen.
También fueron aseguradas cuatro tomas más detectadas en las inmediaciones de los inmuebles inspeccionados y el pozo de agua conocido como 13, mismo que quedó bajo la custodia del ayuntamiento de Ocoyoacac.
Penas en Edomex por “huachicoleo”
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, reformado en el 2022 para tipificar dicho delito, las penas son de dos a seis años de prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Señala que la pena máxima será de hasta nueve años de prisión y aplicará cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del agua potable de la infraestructura hidráulica estatal.
