NACIONAL

Descubren en BC red de corrupción entre gobernadora y amigo de Adán Augusto

Marina del Pilar Ávila Olmeda

De nueva cuenta ha quedado al descubierto una nueva red de posible corrupción, que pone en evidencia la forma desleal en la que el empresario Fernando Padilla Farfán, amigo y socio de Adán Augusto López Hernández, participa de manera incontrolable con sus empresas en Tabasco, Chiapas y Baja California de manera directa con los gobiernos estatales, y en Chihuahua, con la vertiginosa senadora Andrea Chávez Treviño, mientras que los mexicanos si de algo padecen ahora es de una salud pública en quiebra.

Esta vez fuentes cercanas al Gobierno de Baja California denuncian que hasta 2024, y desde el inicio del gobierno morenista de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, las empresas ligadas al empresario favorito de la 4T, Padilla Farfán, han recibido mil 100 millones de pesos del erario bajacaliforniano.

Esta acción se suma a la que ya se filtrado en medios, en referencia con los dos mil 250 millones de pesos que otros dos gobiernos morenistas, el de Chiapas y el de Tabasco, dieron en contratos a las empresas de quien presume es amigo del exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y hoy Legislador morenista, Adán Augusto López Hernández.

Tales hechos fueron relevantes cuando se reveló cómo la senadora por Chihuahua, también de Morena, Andrea Chávez Treviño, ha usufructuado, por decirlo de alguna manera, caravanas médicas para llevar el servicio a zonas ciertamente marginadas de su estado,

Fernando Padilla Farfán

pero lo hace con medios y recursos ajenos. Es decir, las camionetas que llevan servicios médicos a los chihuahuenses, a pesar de tener plasmada la imagen de la legisladora, sus lemas, y ofrecen los servicios a su nombre, no las paga ella, pero sí las usa a su favor político electoral, pues quien se dice la senadora más votada de México aspiraría en 2027 al Gobierno de Chihuahua.

Ahora se sabe también que el costo de tales actividades es de 10 millones de pesos al mes por caravana, y es precisamente la empresa de Fernando Padilla Farfán la encargada del arrendamiento de las mismas, aunque la legisladora dice que le son financiadas por “el sector empresarial”, lo que de suyo también sería una irregularidad por lo menos en actos anticipados de campaña y donativos.

En el caso de Baja California, fuentes al interior del Gobierno estatal aseguran que se sabe que la Secretaría de Salud de Baja California, “en enero de 2022, contrató de manera directa, a la empresa Línea Médica del Sur, creada el 12 de diciembre de 2018, apenas dos semanas después de que Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente”.

Las mismas fuentes ubican cómo los socios de Línea Médica del Sur a Ramón Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, sin embargo, un año después, cuando se dio cuenta, en julio de 2024, de más contratos a empresarios favoritos de la 4T, se confirmó la sociedad en F Medical, o Línea Médica del Sur, del empresario Fernando Padilla Farfán, que “fue contratada para brindar el servicio de arrendamiento de los centros de salud móviles; uno de los proyectos más cuestionados, pero también insignia, de la gobernadora Ávila Olmeda”.

De acuerdo con las voces denunciantes, las caravanas de la salud costaron en los dos primeros años de Ávila Olmeda más de 500 millones de pesos, y para “2024 se les amplió el contrato, por lo que estarían percibiendo más de 700 millones de pesos al concluir este ejercicio fiscal”.

Andrea Chávez Treviño

A tal cantidad, habría que agregarle, a favor de Padilla Farfán, otros 400 millones por la construcción de un hospital en Tijuana, entregado a su empresa Consorcio Inmobiliario y Constructora Aspen, con lo cual se acreditan mil 100 millones de pesos del recurso público de Baja California, entregados a empresas de Fernando Padilla Farfán.

En relación con las caravanas de la Salud del empresario morenista, los informantes aseguran “que refiere que la Secretaría de Salud se compromete a pagar 21 millones 217 mil 553 pesos mensuales por el servicio, mismo que se amplió a 10 meses”.

Los 21 millones 217 ml 553 pesos de renta mensual que paga el Gobierno de Baja California es por la renta de dos caravanas de la salud que, de acuerdo con el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, “brindan diversas atenciones, desde mastografías, exámenes de laboratorio, atención psicológica, dental, visual, auditiva, Rayos X, ultrasonido, entre otros servicios gratuitos que buscan cubrir carencias en zonas alejadas que no cuentan con acceso a centros hospitalarios de bajo, mediano ni alto nivel”.

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