La adquisición complementaria consolidada que lanzaron la Secretaría de Salud y la empresa del Estado Birmex en octubre pasado, para adquirir de urgencia medicamentos y suministros médicos, se hizo de manera improvisada, sin respetar los procedimientos de adquisición del sector público y sin diseñar un mecanismo que permitiera determinar un precio promedio del producto, de acuerdo con el informe que rindió la testigo social del procedimiento.
Según se advierte en el documento relacionado con la compra de medicamentos e insumos médicos por mil 30 millones de pesos, se reprocha a las instituciones del sector Salud (SSA, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Birmex), por la manera en que se condujo la adquisición.
“Por los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se observa que (de no haber sido por la emergencia de terminar dentro del año 2024) pudo haberse realizado una licitación, pues existía proveeduría suficiente y los que fueron seleccionados cumplían con los requisitos de capacidad técnica y económica, lo que induce a pensar en una deficiencia en la planeación, la cual fue corroborada por los servidores públicos de la entidad, quienes afirmaron que no hubo tiempo para hacerlo, pero que la responsabilidad de la planeación no les corresponde a ellos, sino proviene de las autoridades de la coordinadora de sector y participantes en la consolidación”.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los “testigos sociales” son los “guardianes del gasto público”. Se trata de profesionistas o empresas que vigilan los procesos de compras y contrataciones públicas para supervisar que esos procedimientos se lleven a cabo en apego a la legalidad.
La testigo Ana Catalina Bruna Bohne fue asignada a la compra emergente en diciembre, pese a que el proceso había iniciado desde noviembre.
Su tarea era verificar que en la compra de “medicinas y productos farmacéuticos” por 987 millones de pesos y “materiales, accesorios y suministros médicos” por 43 millones 983 mil, se obtuvieran los mejores precios para el sector público y se respetaran los ordenamientos legales.
Su informe, sin embargo, da cuenta de un problema de origen en la compra de medicamentos para 2024.
“En la carpeta que me fue proporcionada se encuentran las solicitudes de cada uno de los participantes para incluir la adquisición de los medicamentos e insumos para la salud en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2024 (PAAS); sin embargo, hasta ahora no se explica razonablemente el motivo por el cual no quedaron comprendidos todos los bienes desde un principio en dicho documento y el porqué surgió la necesidad de realizar una compra complementaria, lo que será motivo de una conversación adicional con el área”.
Apenas el pasado 12 de febrero, en una sesión de la Academia Nacional de Medicina, el subsecretario de Integración y desarrollo del sector Salud, Eduardo Clark, dijo que los hospitales públicos pasaban por un “momento crítico de abasto”, en referencia a que había insuficiencia de medicamentos porque se habían agotado los que compró el gobierno anterior.
La testigo social asignada a vigilar la compra emergente para subsanar ese faltante hizo referencia a esa falta de planeación que llevó a asignar contratos a empresas que ofrecían suministros sin que constara que ya habían vendido al gobierno, como marca la normatividad.
En su testimonio, Bruna Bohne relata que durante una reunión entre los representantes del gobierno y proveedores se comentó que la improvisación pondría en problemas a estos porque tenían un plazo de entrega que se vencía el 31 de diciembre de 2024 y contaban con menos de un mes para recibir la notificación de que habían ganado el contrato y entregar los suministros oportunamente.
“Con relación a los antecedentes de este procedimiento de adjudicación me comentaron que había sido otra adjudicación directa (Fase l) y que en el momento ya se estaba trabajando sobre la Fase 3 de manera urgente. Con estas aclaraciones, y dado que no me enviaron el cronograma del procedimiento respectivo, pregunté cuál sería la siguiente etapa, a lo que respondieron que ya estaban terminando de elaborar los oficios de adjudicación para los proveedores, puesto que ya habían evaluado las propuestas recibidas para decidir de qué manera se adjudicaba y a qué proveedores se había seleccionado para elaborar los oficios de adjudicación”, finalizó.
