Los escándalos, denuncias y corrupciones parecen que no se detienen al interior de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahora se han puesto al descubierto nuevas pruebas de esos malos hábitos, a través de un sistema plagado de irregularidades, contratos opacos y desastres ambientales que afectan no sólo la economía, sino también la vida de trabajadores y comunidades.
El caso de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, es un claro ejemplo de cómo el discurso de autosuficiencia energética queda relegado ante una realidad que huele a corrupción.
Según denuncias hechas por afectados al interior de Pemex, una de las figuras claves de la corrupción que se genera es Emigdio Enríquez Merlín, conocido como “Miyo”, un empresario de Cosoleacaque que ha escalado en el organigrama de Pemex gracias a sus conexiones políticas y empresariales. Se sabe que “Miyo”, es operador clave de Eduardo Padilla Yebra, subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística, y ha logrado acumular una fortuna visible en su estilo de vida: un Lamborghini, un Ferrari, un Rolls Royce y un jet privado.
Las fuentes utilizadas aseguran que su papel en Petrogesa, propiedad de Gerardo Sánchez Zumaya, lo vincula con contratos millonarios para la venta de productos químicos provenientes de empresas como Concordia Chemical LLC y Champion Technologies, obtenidos a través de adjudicaciones directas.
Esas mismas voces denuncian que el modus operandi detrás de estas operaciones comienza con oficios firmados por altos mandos, incluyendo a Eduardo Padilla y Yamil Kuri Alonso, gerente de Comercialización de Petroquímicos Secundarios. Bajo el pretexto de cumplir con estrategias de almacenamiento, estas compras se canalizan hacia PMI, brazo comercial de Pemex.
Cada tanque adquirido representaba compras hasta de 3 mil toneladas de productos químicos, generando ganancias millonarias. Mientras tanto, trabajadores denuncian simulación de contratos, adjudicaciones irregulares y hasta la contaminación de sistemas de drenaje con residuos peligrosos.
Vale la pena recordar que uno de los episodios más graves se registró el pasado 7 de septiembre de 2024, cuando un derrame de hidrocarburos en la refinería Salina Cruz causó un incendio que terminó con la vida de dos trabajadores y la contaminación de Bahía La Ventosa.
En ese sentido, se puede ver más de mil contenedores abandonados con productos químicos de Concordia Chemical que se acumulan frente al área de laboratorio de la refinería, mientras los protocolos de seguridad parecen ser letra muerta.
A pesar de estos eventos, la Secretaría de la Función Pública y Pemex han avanzado lentamente en resolver las irregularidades. Un expediente clave (1622/2024/PPC/PTI/DE10) continúa abierto, aunque las sanciones brillan por su ausencia.
La administración actual presume haber alcanzado la autosuficiencia energética, pero los números cuentan otra historia: 70 % del combustible que México consume sigue siendo importado. La narrativa oficial contrasta con los hechos, mientras las promesas de reducir la dependencia energética quedan sepultadas bajo toneladas de contratos irregulares y desastres no resueltos.
Lo que ocurre en Pemex refleja una tormenta perfecta de corrupción, negligencia y falta de rendición de cuentas. Desde los contratos millonarios que benefician a unos cuantos, hasta los desastres ambientales que afectan a comunidades enteras, la petrolera nacional se encuentra en el ojo del huracán.
