Por Mireya Álvarez
El gobierno del Estado de México ha vuelto a mostrar su rostro más cínico e indolente, esta vez con el despido masivo e injustificado de trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
Más de 250 personas, muchas con más de una década de servicio, han sido echadas sin explicación, sin evaluación justa y sin el más mínimo respeto por sus derechos laborales.
¿El delito? Ser prescindibles para un sistema podrido por el amiguismo, el desdén institucional y la hipocresía gubernamental, mientras la Gobernadora presume en foros y redes sociales los supuestos avances en salud pública, la realidad grita lo contrario.
Quienes han sostenido con su trabajo diario los centros de salud, clínicas y hospitales de la entidad, hoy están en la calle, sustituidos -según los propios afectados- por allegados, improvisados y “recomendados” que no tienen ni la experiencia ni la vocación de servicio.
El movimiento Contratos Unidos, encabezado por Thalia Ramírez Vértiz, ha salido a las calles no solo a exigir recontratación, sino a denunciar con valentía lo que las instituciones quieren silenciar: un sistema de salud que castiga a quienes lo sostienen y premia la cercanía política sobre el mérito y la trayectoria.
La protesta que bloqueó la Avenida Independencia no fue una medida desesperada, sino el último recurso ante la sordera absoluta del ISEM, ya que desde el 19 de junio solicitaron una mesa de diálogo, y fue el silencio la única respuesta… hasta que cerraron la avenida.
¿Qué clase de gobierno necesita una crisis vial para voltear a ver a su gente? ¿Qué tipo de administración permite que servidores públicos con 10 o 15 años de experiencia sean despedidos sin argumento alguno, mientras otros con apenas uno o dos años de antigüedad permanecen sin tocarse?
Lo que está ocurriendo en el ISEM no es un error administrativo ni un caso aislado: es una política sistemática de precarización laboral, disfrazada de renovación.
La respuesta de las autoridades fue una burla: “Vamos a revisar caso por caso”, dijeron, pero sin nombres, sin fechas, sin compromisos, ni una sola garantía concreta, solo promesas huecas, iguales a las que durante años se han reciclado en cada sexenio.
Lo que los trabajadores exigen no es un favor, es una deuda, exigen estabilidad, respeto a la antigüedad y basificación justa, tal como lo prometió este gobierno cuando pidió el voto.
El caso de Xonacatlán, donde supuestamente ya se revisaron expedientes y se harán recontrataciones “vía telefónica”, es otro ejemplo del desaseo institucional.
¿Quién garantiza que no se repetirán las mismas prácticas arbitrarias? ¿Qué certeza puede ofrecer un funcionario que se niega a firmar cualquier compromiso y que solo lanza frases evasivas?
El licenciado Neri, representante del ISEM, no solo evadió compromisos inmediatos, también mostró el talante de una administración que se esconde tras el papeleo para no enfrentar la realidad humana de sus decisiones, porque detrás de cada contrato no renovado hay una familia sin ingresos, un profesional de salud humillado y una comunidad que pierde experiencia acumulada.
Los manifestantes no están pidiendo puestos inventados, sino la recuperación de empleos que ya desempeñaban, con resultados, con compromiso, con vocación, pero en el Edomex de hoy, la experiencia no vale si no tiene apellidos correctos o padrinos políticos.
La situación exige intervención inmediata, la Secretaría General de Gobierno debe dejar de ser una oficina decorativa y asumir su papel como garante del orden administrativo.
El Congreso mexiquense tampoco puede mirar hacia otro lado, si tolera estas prácticas en silencio, se convierte en cómplice de un sistema que desprecia a sus trabajadores.
La ciudadanía debe saberlo: lo que pasa en el ISEM puede repetirse en cualquier otra institución pública, porque cuando se normaliza el despido sin causa, la discrecionalidad y el autoritarismo burocrático, nadie está a salvo y cuando los derechos laborales se vuelven moneda de cambio, lo siguiente es la degradación total del servicio público.
Si el gobierno del Estado de México no actúa de inmediato, no solo perderá el respaldo de cientos de trabajadores y sus familias, también quedará evidenciado como un régimen que pisotea los derechos, margina el mérito y tolera -o incluso fomenta- el nepotismo y la impunidad institucional.
La protesta del lunes fue solo el inicio, el movimiento crece y las movilizaciones continuarán porque la dignidad no se negocia. ¡Ya basta de incertidumbre, de contratos basura y de gobiernos que prometen estabilidad mientras siembran inestabilidad!.
Hoy los despedidos del ISEM gritan con fuerza lo que muchos piensan en silencio: ya basta de desprecio gubernamental, queremos justicia, no limosnas así como un futuro, no simulación.
