Por Mary González
En el Estado de México no solo se han vulnerado derechos patrimoniales: se ha instalado una estructura criminal con rostro sindical que, con la complicidad de autoridades municipales, estatales e incluso notarios públicos, ha operado para despojar de sus propiedades a cientos de mexiquenses.
El escándalo ha sido confirmado por autoridades ministeriales a través de la llamada Operación Restitución, pero la red es más amplia, más antigua y más peligrosa de lo que se ha reconocido oficialmente.
Bajo la bandera de la “gestión social”, sindicatos como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), “GOPEZ”, “Los Gastones” y “Los 300” han incurrido en más de 300 casos de despojo violento de casas habitación, locales comerciales, predios urbanos y naves industriales, amparados en amenazas, armas de fuego, extorsión directa y, lo más grave, protección institucional.
Funcionarios, notarios y catastro: los cómplices invisibles
Las denuncias presentadas por las víctimas han revelado un patrón claro: servidores públicos del Catastro, Desarrollo Urbano y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) facilitaron estas acciones.
Notarios públicos de Toluca y Ecatepec emitieron poderes notariales falsos y validaron traslados de dominio fraudulentos. La maquinaria fue puesta en marcha para legalizar lo ilegal: lo que inició como una invasión violenta acababa “legitimado” en registros oficiales.
Los municipios afectados abarcan una preocupante lista: Acolman, Almoloya de Juárez, Atizapán, Atenco, Chimalhuacán, Naucalpan, Metepec, Coacalco, Chalco, Tecámac, Cuautitlán, Lerma, Ecatepec, entre muchos otros.
En todos estos casos, los propietarios originales fueron víctimas de agresiones verbales, amenazas de muerte y extorsión sistemática.
“Del sindicato nadie se burla”: la cara violenta de la USON
Uno de los testimonios más contundentes procede de una víctima de Ecatepec, quien fue amenazada por José Carmelo “N”, integrante de la USON, con un mensaje aterrador: “Te dijimos que si no pasabas la cuota, te íbamos a sacar de tu casa… vamos contra tu familia. Del sindicato USON nadie se burla, así que te atienes a las consecuencias. Te damos hasta las 12 para que tengas dicha cantidad.”
La extorsión no se limitó a las palabras: hubo desalojos forzados, agresiones físicas, uso de armas y cobros ilegales de hasta 30 mil pesos por “recuperar” un terreno que las propias organizaciones ya habían ocupado por la fuerza. En varios casos, aun pagando, los propietarios nunca recuperaron sus bienes.
“Podemos comprar la ley”: impunidad al servicio del crimen
Otra víctima relató cómo fue recibida con armas de fuego cuando intentó recuperar su casa. La respuesta de los invasores fue clara: “No pongas una demanda, somos de la mera USON, tenemos un chingo de varo y podemos comprar la pinche ley.”
Esta frase resume el nivel de impunidad estructural con la que operan estos grupos. Los delincuentes no temen al Estado porque el Estado, en muchos casos, ha sido parte del negocio. La corrupción ha sido el lubricante perfecto para que el despojo se convierta en regla.
Los 300, GOPEZ y otros: sindicatos de fachada, crimen organizado en realidad
El caso de la organización “Los 300” en municipios como Ecatepec, Zumpango y Tecámac revela un nivel aún más escalofriante: narcotráfico, homicidios, cobro de piso a transportistas y comercios, robo con violencia y, desde luego, despojo de propiedades.
De acuerdo con la Fiscalía, este grupo gozó de protección de altos funcionarios del ayuntamiento de Ecatepec durante la pasada administración, lo que evidencia la penetración política de estas estructuras criminales.
Organizaciones como el Sindicato 22 de Octubre, Sindicato Libertad y Corporativo Mexiquense también han sido señaladas por prácticas similares, operando bajo el disfraz de sindicatos para ocultar operaciones mafiosas que lucran con el miedo, la violencia y la corrupción.
11 detenidos: un primer paso, pero insuficiente
Hasta ahora, solo 11 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso. Entre ellas, figuran miembros de estos sindicatos criminales y funcionarios públicos involucrados en la operación fraudulenta de documentos, registros y ocupaciones. Sin embargo, la magnitud del daño rebasa con creces las acciones judiciales tomadas hasta el momento.
Miles de personas viven hoy bajo amenaza o han perdido su patrimonio de toda la vida.
Muchas más guardan silencio por miedo, sabiendo que los “sindicatos” tienen protección y dinero para neutralizar denuncias.
¿Dónde está el Estado de derecho?
Lo que ocurre en el Estado de México es una tragedia institucional: grupos delincuenciales operando bajo la fachada de sindicatos con aval de funcionarios corruptos han sustituido al Estado de derecho en muchas colonias, fraccionamientos y centros urbanos.
La Fiscalía mexiquense ha actuado, pero el avance es lento y, por momentos, tibio. Las víctimas exigen justicia, restitución de sus propiedades y castigo ejemplar a quienes, desde la comodidad del poder público, facilitaron este saqueo.
La impunidad no puede continuar siendo el precio de vivir en el Estado de México. No se trata de un problema sindical. Se trata de crimen organizado con protección política. Y eso, simplemente, no puede ser tolerado.
