Por Mary González
Engaño sistemático, niños usados como pantalla para justificar recursos
Manuel Sotomayor Landecho fue destituido oficialmente el pasado 1 de octubre como titular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado de México tras una gestión manchada por presuntas irregularidades financieras y administrativas, su salida no fue tersa, pues inicialmente se negó a entregar el cargo y firmar su renuncia, lo que obligó al personal administrativo a levantar un acta de hechos que registró su negativa.
Su remoción, más que un simple cambio de funcionario, expone una estructura podrida de simulación institucional donde los niños deportistas fueron usados como escudos y herramientas para justificar apoyos que nunca se ejercieron, en julio, padres de familia denunciaron públicamente que, durante la entrega simbólica de cheques a atletas infantiles seleccionados para la Olimpiada Nacional, la propia Secretaría de Educación y Deporte estatal exigió que los menores endosaran y devolvieran los cheques firmados inmediatamente después de recibirlos.
El evento, ocurrido el 28 de junio en el Centro Cultural Mexiquense, fue presentado como un acto de apoyo estatal a sus atletas, sin embargo, detrás de las fotos oficiales y los discursos huecos se escondía una práctica perversa, la de aparentar la entrega de recursos públicos sin permitir que los beneficiarios los ejercieran, lo más grave es que este patrón no fue un caso aislado, testimonios recogidos por la revista Proceso revelan que el mismo procedimiento fue aplicado a atletas de polo acuático de Chimalhuacán, lo que confirma la existencia de un esquema deliberado y repetido, no de un error administrativo puntual.
Simulación, abandono y represalias, atletas sin seguros, federaciones ignoradas
La simulación con los cheques no fue el único rasgo de la gestión de Sotomayor, desde su llegada en mayo de 2024, distintas asociaciones deportivas comenzaron a denunciar no solo la falta de comunicación con las autoridades sino el abandono sistemático de sus necesidades más básicas, una de las más vocales fue la Asociación de Taekwondo del Estado de México, que además de denunciar el esquema de los cheques fantasma, reveló que la dirección estatal canceló el seguro de gastos médicos mayores para los atletas que cumplían con los requisitos para representar al estado en competencias nacionales.
Con esto, cientos de deportistas quedaron desprotegidos ante lesiones o accidentes durante su preparación o competencia, el mensaje fue claro, para la autoridad deportiva estatal, los atletas eran útiles únicamente como escaparate político o herramienta contable, una lógica perversa donde el esfuerzo individual se instrumentalizaba en favor de una gestión opaca y burocrática, sin importar los riesgos que corrieran.
Las represalias contra quienes alzaron la voz no se hicieron esperar, entrenadores y padres que cuestionaron las decisiones del área de deporte recibieron advertencias o fueron ignorados sistemáticamente, se consolidó así una política de control y silencio, disfrazada de tecnocracia, en la que la falta de transparencia se impuso como regla de operación.
El colapso de esta gestión, sin embargo, no vino por voluntad política sino por la presión mediática y social, fue la acumulación de denuncias públicas, testimonios y el eco en medios nacionales lo que obligó a las autoridades mexiquenses a actuar, incluso entonces, la salida de Sotomayor no fue inmediata ni voluntaria, como se constató en el acta administrativa levantada el 30 de septiembre, donde se documentó su negativa a entregar oficina y firmar su remoción, un gesto que resume el talante autoritario y la opacidad de su gestión.
Ahora, el nombramiento de Miguel Ángel Sánchez González como nuevo titular del área abre una incógnita más que una esperanza, porque el problema de fondo no es solo quién ocupa el cargo, sino cómo opera una estructura diseñada para simular apoyos, capturar recursos y desviar la función pública en beneficio de intereses personales o de grupo.
El Estado de México, uno de los más poblados y con mayor número de atletas juveniles del país, no puede seguir operando bajo lógicas de simulación y desprecio al deporte social y formativo, urge una auditoría profunda y pública que no se limite al cambio de nombres sino que desmantele los mecanismos que permitieron el uso de menores para encubrir posibles actos de corrupción, lo que ocurrió en esta administración no es una anécdota, es una advertencia de cómo los discursos de apoyo al deporte pueden ser usados como fachada para el abuso institucional.
En tiempos donde el deporte se vende como herramienta de transformación, lo ocurrido en el Estado de México recuerda que sin vigilancia ciudadana, sin participación de las comunidades deportivas y sin estructuras de rendición de cuentas reales, todo apoyo es vulnerable a convertirse en simulacro y todo funcionario en gestor de privilegios, no de derechos.
La destitución de Manuel Sotomayor no es justicia, es apenas el primer paso hacia una exigencia mayor, la de investigar, sancionar y transformar una dirección pública que le dio la espalda a sus atletas más jóvenes mientras se tomaba la foto entregando cheques vacíos, porque ningún niño deportista merece ser utilizado como pieza de utilería en un fraude político-administrativo que aún debe esclarecerse.
