En la sierra norte de Puebla, en el municipio de Juan Galindo, en el pueblo ahora llamado Nuevo Necaxa en Puebla, se encuentra la cuna de la industria eléctrica mexicana: la presa hidroeléctrica de Necaxa, en el mismo lugar se ubica también uno de los principales enclaves del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Es también uno de los espacios de la llamada resistencia civil apoyada por el sindicalismo electricista, que desde hace varios años ha dejado de pagar el consumo energético tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y durante los últimos dos años, de finales de 2023 a principios de 2025, fue sede de granjas ilegales de criptomonedas, como han reconocido autoridades de seguridad de Puebla.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que en la sede de la División Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se instalaron equipos de cómputo especializado dedicados, día y noche, a resolver cálculos matemáticos y eventualmente extraer divisas virtuales, cuentan pobladores denunciantes.
El caso más evidente fue el instalado en la sede de la División Necaxa, una construcción de más de 5 mil metros cuadrados aproximadamente, una gruesa conexión ilegal a la red del fluido eléctrico alimentaba los equipos, pero en enero de 2025, autoridades federales entraron a confiscar los equipos y cortar las conexiones.
Ante tales hechos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niega a informar la cantidad de energía eléctrica que se consumió en ese lugar ni en otras ubicaciones del SME en Juan Galindo, pero un grupo de disidentes del sindicato que pusieron una denuncia penal contra la dirigencia ante la FGR que dirigía Alejandro Gertz Manero lo calculan en decenas de millones de pesos.
También pidieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que se revisara el uso de los inmuebles que el SME recibió en comodato por parte del Gobierno Federal, pues al interior se estaban minando criptomonedas de manera ilegal.
En junio de este año, Mario Benítez y Ricardo Arenas, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), un grupo de electricistas disidentes, se presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el huachicol eléctrico usado para minar criptomonedas dentro de instalaciones del SME en la sierra poblana, en el Estado de México e Hidalgo.+
De igual manera, en el documento que entregaron a la FGR acusaron directamente a Martín Esparza, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa; y Miguel Márquez Ríos, secretario del Fomento a la Salud, además de diputado en Puebla del Partido Verde, por los delitos de “asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, cometidos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Estado Mexicano”.
En la denuncia afirman que “las conexiones eléctricas que suministran energía a las granjas de criptomonedas encontradas en diversas instalaciones del SME resultan ilegales, pues la CFE no ha otorgado al sindicato ninguna concesión, permiso o autorización para llevar a cabo la explotación del recurso, por lo que puede suponerse que la representación sindical ha hecho uso y aprovechamiento indebido e ilegal de un bien nacional estratégico”.
Hasta el momento, afirma Mario Benítez, no tienen noticia de personas detenidas o algún avance en la investigación.
“El Gobierno Federal les entregó 14 plantas generadoras de energía y 40 inmuebles al SME como parte de los acuerdos para subsanar la decisión de Calderón de eliminar LyFC ¿qué ha ocurrido con esos bienes nacionales y esas generadoras?, pues que están siendo usadas para generar criptomonedas”.
Y agrega: “Fue un robo impresionante, en un documento que la Comisión les dejó en las instalaciones de El Oro, municipio del Estado de México, estimaron el uso de casi 6 millones de kilowatts en un bimestre, ¡un bimestre!, y eso son 16.6 millones de pesos, allá en Necaxa fue más de un año de extracción de energía eléctrica”.
La CFE se ha resistido a dar información al respecto, el monto de la extracción ilegal de energía eléctrica dentro de las instalaciones del SME lo consideró información clasificada como reservada, y con ello evade dar respuestas satisfactorias.
“El 28 de mayo de 2025 personal de la CFE llevó a cabo una revisión periódica en la que se encontró la instalación eléctrica del inmueble conectada sin autorización y sin un sistema de medición, se consideró que la energía eléctrica consumida y no facturada en el periodo 22 de febrero a 23 de abril de 2025 fue de 5.9 millones de kilowatt-hora, se determinó que el importe a pagar por la energía consumida indebidamente asciende a 16.6 millones de pesos”, se lee en el documento.
El único dato que la comisión dio a conocer tras varias solicitudes de información es que en los últimos ocho años han dejado de recibir 290 mil millones de pesos de “pérdidas no técnicas”.
Y los datos van al alza, según la documentación que la CFE entregó por transparencia, mientras que en 2019 hubo un registro de 32.6 millones de pesos, en 2024 creció a 40.2 millones, y hasta agosto de 2025 ya se habían alcanzado los 40.9 millones.
