Al arranque del proceso electoral judicial han quedado al descubierto distintos hechos que dejan ver que la contienda judicial no será del todo transparente y bien podría generar desconfianza, dudas, incertidumbre y temor entre los participantes.
En una conducta que empieza a repetirse, opositores a ciertas candidaturas de la elección judicial difunden mensajes con presuntas infracciones, lo que se puede considerar como contenido encuadrado en violencia política contra las mujeres, y enseguida bajan los materiales de las redes o lo quitan de la vía pública.
Ante tales circunstancias, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe encargarse de hacer la investigación y enviarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que es imposible dictar medidas cautelares, es decir, la orden de retirarlos y emitir medidas cautelares con la advertencia de no repetir la agresión, pues evidentemente cuando quitan los materiales se vuelve un acto irreparable.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha detectado también la práctica de difusión en redes en horarios laborales, en favor de alguna candidatura.
Ante tales circunstancias, publicó el exhorto emitido el mes pasado por su consejo general para que tanto las candidaturas como sus simpatizantes, sobre todo si son servidores públicos, se ajusten a lo establecido en el acuerdo de equidad.
La comisión resolvió este fin de semana tres casos; en un primer asunto, una candidata a ministra denunció que a través de las redes sociales (X, Facebook y TikTok) algunos usuarios han ejercido distintos tipos de violencia en su contra, con comentarios y publicaciones.
Por ello, los consejeros Rita Bell López, presidenta de la comisión, así como los integrantes de esta instancia, Arturo Castillo Loza y Claudia Zavala Pérez, determinaron procedente la adopción de medidas cautelares respecto de 73 publicaciones porque después de un análisis inicial podrían constituir violencia política.
En general, se trata de expresiones ofensivas con connotación sexual (violencia simbólica, digital, sexual y psicológica) que refuerza estereotipos de género, al intentar nulificar la trayectoria, cargo y capacidad de la abogada, lo cual afecta los derechos políticos electorales de la candidata.
Por esta razón se ordenó a las personas usuarias denunciadas eliminar las publicaciones y/o comentarios alusivos a la candidata, mientras que a las redes sociales les pidió quitarlas de sus plataformas.
Sin embargo, en un segundo asunto, se denunció la colocación de un espectacular en contra de una contendiente al cargo de magistrada en materia Civil y Administrativa en Oaxaca, igualmente por la difusión de mensajes en redes.
En ese sentido, la comisión señaló que la propaganda fue retirada, de ahí la improcedencia para adoptar la medida cautelar solicitada.
En un tercer caso, se denunció al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos por la difusión de publicaciones en su cuenta de Facebook, en horario laboral, para hacer propaganda en favor de una candidata.
Ahí también la medida cautelar fue improcedente porque los mensajes fueron eliminados de Facebook, o sea, se trata de “actos consumados de manera irreparable”.
La comisión exhortó al magistrado presidente de ese tribunal para que ajuste su actuación a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, a fin de evitar cualquier afectación a la equidad de la contienda judicial.
