NACIONAL

Diputados aprueban en lo general nueva Ley de Telecomunicaciones

* CURP o incomunicación: el nuevo requisito para hablar……

Con 369 votos a favor y el respaldo del bloque oficialista (Morena, PT, PVEM) junto con Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, entre otros aspectos, obliga a que todo usuario de telefonía móvil esté plenamente identificado con su CURP y, en algunos casos, también con su RFC.

La promesa es mejorar la cobertura de internet, abrir el espectro radioeléctrico a pequeños operadores y reducir delitos como la extorsión, pero el fondo es otro: la imposición de un padrón nacional obligatorio, que restringe el acceso a los servicios básicos de comunicación para quien no entregue sus datos personales al Estado.

¿La alternativa? Silencio. Y no precisamente el que da paz

Adiós al IFT: nace el regulador presidencial

Otra medida clave de esta reforma es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo creado en 2013 para garantizar imparcialidad y proteger a los usuarios de intereses políticos y empresariales.

En su lugar, se crea la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que será coordinada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada por cinco personas nombradas directamente por la presidenta de la República.

El mensaje es claro: la regulación deja de estar en manos técnicas e independientes, para pasar al control directo del Poder Ejecutivo.

Espionaje legalizado: la seguridad como excusa

El argumento oficial para este cambio radical es el de siempre: “seguridad”. Legisladores del PT y Morena justificaron el registro obligatorio como una herramienta para combatir secuestros y extorsiones telefónicas, “Ya basta de criminales que se escudan en el anonimato”, gritaron desde tribuna.

Pero la historia contradice su entusiasmo: en 2011, el RENAUT intentó lo mismo y terminó siendo un rotundo fracaso, los delitos no bajaron y los datos de millones de usuarios fueron filtrados y vendidos en el mercado negro, hoy, la receta es la misma, pero con un nuevo empaque, lo único que ha cambiado es que ahora los datos serán aún más sensibles y vinculados a información biométrica.

La oposición: ataúdes, Orwell y la “muerte” de la privacidad

Durante el debate en San Lázaro, los diputados del PRI llevaron un ataúd simbólico para denunciar la “muerte de la libertad de expresión”, mientras otros aludieron a 1984, la novela distópica de George Orwell, en la que un Estado totalitario vigila permanentemente a sus ciudadanos.

Los legisladores opositores acusaron que esta reforma instaura un “Estado fisgón, policiaco y espía”, donde todo ciudadano deberá rendirle cuentas a un sistema que no ha de-
mostrado ser eficiente, ni ético, en el manejo de información personal.

El ciudadano como rehén: sin CURP, sin derecho a comunicarte

Lo más grave de esta ley no es el discurso con el que se disfraza, sino las consecuencias directas para millones de mexicanos, con esta nueva norma, el acceso a la telefonía móvil deja de ser un servicio universal y pasa a ser un privilegio condicionado a la entrega de datos.

El ciudadano pierde el derecho a la privacidad y queda completamente expuesto a una estructura gubernamental sin contrapesos, ni los más críticos han negado que México necesita mayor control sobre el crimen organizado, pero este control no puede ejercerse a costa de convertir a cada ciudadano en sospechoso.

Más control, menos libertades

La nueva Ley de Telecomunicaciones es presentada como una herramienta de modernización y justicia digital, pero su contenido revela una tendencia preocupante: más vigilancia, menos autonomía, más poder para el Ejecutivo, menos libertad para el ciudadano.

El teléfono móvil -ese instrumento cotidiano de conexión y libertad- ahora dependerá del visto bueno del gobierno, el anonimato, el derecho a expresarte sin ser rastreado, y hasta el simple acto de adquirir un chip, quedan supeditados a tu sumisión al sistema.

Lo que se vendió como transformación digital, se parece cada vez más a vigilancia institucionalizada.

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