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Diputados locales proponen endurecer penas por despojo

Por Martha Romero

El diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México con el fin de considerar el despojo como un delito grave y aumentar la pena de 5 a 10 años de prisión, además de sanciones económicas. Actualmente, este delito contempla penas de uno a cinco años de cárcel y multas de 30 a 125 días.

El legislador explicó que, según el Censo de Población y Vivienda 2020, existen más de 4.5 millones de viviendas en la entidad, y se presenta una denuncia por despojo cada dos horas ante alguna Agencia del Ministerio Público. Señaló que estos actos delictivos ocurren en todos los municipios, como el caso de la señora Carlota en Chalco, por lo que urgió a sus colegas a analizar y aprobar la propuesta antes de que concluya el periodo legislativo.

La iniciativa plantea agravar las penas cuando el despojo se cometa contra adultos mayores, se utilice violencia física, se rompan cerraduras, se fuercen puertas, se intimide a los ocupantes, se aproveche la ausencia del propietario o se usen títulos de propiedad falsos.

Asimismo, Martínez Vargas propone que, en caso de iniciarse un proceso penal por despojo, y si el denunciante demuestra ser el legítimo propietario mediante una inscripción vigente en el Registro Público de la Propiedad, el Ministerio Público deberá solicitar al juez la restitución inmediata y provisional del inmueble en un plazo no mayor a 24 horas, sin necesidad de agotar un juicio civil.

“Bastará acreditar la inscripción registral para que el inmueble le sea devuelto al legítimo propietario. Así protegemos el patrimonio de las familias mexiquenses”, explicó el legislador.

Martínez Vargas subrayó que, aunque el delito ya está tipificado, la legislación actual no responde a la realidad social ni protege adecuadamente a grupos vulnerables, quienes suelen ser las principales víctimas. Además, criticó que los procesos judiciales civiles y penales sean lentos, costosos e ineficaces, lo cual permite que los despojadores actúen con impunidad.

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