Según revelaciones hechas por fuentes inmersas en las finanzas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha puesto al descubierto que desde el pasado 31 de enero, la dirección jurídica de Petróleos Mexicanos, encabezada por la maestra Rosa Bello Pérez, emitió un oficio en el cual se explica que aceptó dejar de revisar todos los contratos, proyectos y convenios para el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2025.
Ante esa postura, explica que la razón para llevar a cabo dicha resolución es darle “continuidad a la operación de abastecimiento y la optimización de recursos financieros del ejercicio presupuestal 2025”.
Esas mismas fuentes lo explican de manera contundente y por lo mismo preocupante: es como si tu abogado te dijera que firmes la venta de tu casa o algún contrato laboral sin permitirte revisar las cláusulas de dichos documentos.
Las voces denunciantes aseguran que en el oficio que se ha filtrado al interior de la dependencia, se determina la excepción de revisión en contratos de abastecimiento en las áreas de producción y logística, Pemex y transformación industrial, y sugiere tomar como modelos tres “machotes” de documentos ya realizados.
De inmediato, las alertas se encienden de nueva cuenta en una ya vapuleada empresa que ha sufrido de distintos modos por el abuso y la discriminada corrupción que se ha denunciado de distintas maneras.
La gravedad del asunto empeora cuando las fuentes revelan que ni la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, están enteradas de la orden, sino que se trató de una decisión unilateral encabezada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y Marcela Villegas Silva, directora corporativa, quien llegó a la citada dependencia después de ser la coordinadora de la Central de Abasto de la Ciudad de México.
Hay preocupación y temor entre los propios trabajadores de Pemex, por los riesgos que pueda correr la institución en el aspecto económico, productivo y financiero.
Las mismas fuentes explican que el hecho de que un área jurídica deje de revisar los contratos pone en riesgo: mitigación de riesgos legales en materia de hidrocarburos, ambiental, fiscal y laboral; la protección de intereses financieros a través de la prevención de cláusulas abusivas que implicarían pérdidas económicas; el cumplimiento regulatorio frente a órganos como la CRE o la propia Sener; la gestión de riesgos en la operación y mantenimiento; la protección de contingencias ambientales; la seguridad en alianzas y asociaciones con agentes externos, tanto domésticos como internacionales, así como las cláusulas de terminación y penalizaciones sobre las contrapartes para proteger las inversiones del Estado mexicano.
Las mismas voces denuncian que ya no hay mantenimiento a los elevadores y tampoco en los baños. La falta de revisión también está provocando que productos como el coque se vendan a precios por debajo del precio de mercado.
Piden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, poner atención a las decisiones de la dirección jurídica de Pemex, y las consecuencias que ello puede generar.
