El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de su ofensiva antidrogas al firmar una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores como un “arma de destrucción masiva”, una categoría hasta ahora reservada para amenazas químicas, biológicas o nucleares.
El anuncio, realizado en el Despacho Oval durante una ceremonia de reconocimiento a militares desplegados en tareas de vigilancia fronteriza, refuerza el giro de la Casa Blanca frente a la crisis de salud por sobredosis.
El mandamás de la Casa Blanca justificó la medida con un discurso de emergencia nacional. Afirmó que el opioide provoca un nivel de mortalidad comparable, e incluso superior, al de conflictos armados, al tiempo que insistió en que su impacto supera al de cualquier bomba convencional.
Datos oficiales muestran que, aunque las muertes por sobredosis descendieron el último año a su nivel más bajo en cinco años, los narcóticos sintéticos —principalmente el fentanilo— siguen concentrando la mayor parte de los decesos.
La orden presenta la fabricación y el tráfico de esta droga como una amenaza directa a la seguridad y ordena a las agencias intensificar investigaciones, procesos penales y sanciones financieras contra quienes participen en la cadena de producción y distribución.
El decreto se inscribe en una estrategia más amplia impulsada desde el inicio del actual mandato, cuando el magnate republicano clasificó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Juristas y exfiscales estadounidenses señalan que el presidente no puede modificar por decreto la definición legal de un arma de destrucción masiva, facultad que corresponde al Congreso. Desde esta óptica, la medida tendría un valor más simbólico y político que operativo.
En paralelo, Trump abrió un flanco distinto al declarar que su administración evalúa reclasificar la marihuana como una sustancia menos peligrosa.
Actualmente ubicada en la Lista I a nivel federal, al mismo nivel que la heroína, la planta podría pasar a la Lista III, una categoría que reconoce uso médico y menor potencial de abuso.
El cambio no implicaría legalización, pero sí podría facilitar la investigación y modificar el régimen fiscal de la industria del cannabis, en un país donde decenas de estados ya permiten su uso medicinal o recreativo.
