La confirmación oficial de una disputa entre dos grupos criminales por el control del norte del Estado de México, no es un dato menor ni un asunto aislado, es una señal alarmante de que la violencia organizada sigue avanzando mientras, el discurso gubernamental insiste en negar su impacto real, admitir la presencia de cárteles y al mismo tiempo asegurar que no hay incremento delictivo, revela una narrativa contradictoria que pone en entredicho la estrategia de seguridad y la capacidad del Estado para contener el crimen organizado.
El caso de Acambay, exhibe con crudeza la profundidad del problema, la detención de 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal, incluido su director, tras un enfrentamiento con policías estatales, no es un hecho anecdótico, es la evidencia de que las corporaciones locales han sido penetradas por el crimen, cuando quienes deben garantizar la seguridad aparecen vinculados a una célula delictiva; el mensaje para la ciudadanía es devastador, el Estado pierde autoridad y la confianza pública se desploma.
Seguridad infiltrada
Que una corporación municipal, prácticamente completa, quede bajo sospecha tras un enfrentamiento armado, es una alerta roja que no puede maquillarse con comunicados oficiales, el 22 de noviembre no solo dejó un muerto y cuatro lesionados, dejó al descubierto la fragilidad institucional en municipios estratégicos del norte mexiquense, hablar de refuerzos policiales sin reconocer el daño estructural, es una forma de evasión política.
El despliegue de 40 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal para reforzar a una policía municipal de apenas 27 agentes, revela otro dato inquietante, Acambay ya operaba con una fuerza insuficiente, incluso antes del escándalo, la pregunta obligada es ¿cuántos municipios del Estado de México están en condiciones similares?, con policías rebasadas, vulnerables y expuestas a la cooptación criminal.
Negar que el gobierno estatal haya asumido el control de la seguridad municipal, es un tecnicismo que poco tranquiliza, en los hechos, Acambay quedó descabezado, sin director de seguridad y con un encargado de despacho, una figura administrativa débil, frente a una amenaza criminal organizada, mientras los grupos delictivos se disputan territorios, el municipio navega en una especie de limbo institucional.
Disputa criminal minimizada
Reconocer la pugna entre dos cárteles y al mismo tiempo afirmar que no hay incremento en la incidencia delictiva, es un ejercicio retórico, peligroso, la historia reciente del país, demuestra que estas disputas, rara vez permanecen contenidas, primero vienen los ajustes silenciosos, después las ejecuciones, los cobros, las extorsiones y, finalmente, el terror cotidiano para la población.
El norte del Estado de México no es una región marginal, conecta rutas estratégicas, colinda con otras entidades y es clave para el tránsito de mercancías, personas y recursos ilícitos, permitir que dos grupos criminales intenten consolidar control territorial sin una respuesta contundente, es abrir la puerta a un conflicto de mayores dimensiones, la experiencia en otras regiones del país debería bastar como advertencia.
Decir que no hay aumento delictivo puede servir para calmar, momentáneamente, la percepción pública, pero no cambia la realidad de fondo, la disputa existe, los grupos están ahí y el riesgo de escalamiento es real, la seguridad no se mide solo en estadísticas oficiales, sino en la capacidad del Estado para prevenir que estas pugnas se traduzcan en violencia abierta.
Coordinación que llega tarde
El llamado a los alcaldes para solicitar apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y las policías estatales, suena más a reacción tardía que a estrategia preventiva, si los municipios deben pedir auxilio, cuando el problema ya estalló, significa que el sistema de inteligencia y contención falló, la coordinación no puede ser opcional ni depender de la voluntad política de cada edil.
La administración estatal insiste en que los municipios tienen facultades para designar a sus mandos policiales, pero omite un punto central, muchos ayuntamientos carecen de capacidad real para depurar corporaciones infiltradas o enfrentar solos a grupos criminales, trasladar la responsabilidad, sin fortalecer a los gobiernos locales, es una forma de deslindarse del problema.
El discurso oficial pretende mostrar control, mientras los hechos apuntan a una crisis latente, la presencia de cárteles, la infiltración policial y el despliegue reactivo de fuerzas estatales, configuran un escenario que dista mucho de la normalidad, negar el impacto solo retrasa decisiones urgentes.
El Estado de México no puede permitirse repetir la historia de otras entidades donde el crimen avanzó bajo la sombra de la negación institucional, Acambay es hoy un foco rojo que debería encender alarmas en toda la región norte, la disputa criminal, no es un rumor ni una exageración mediática, es una realidad reconocida por el propio gobierno.
Minimizarla es irresponsable, enfrentarla exige algo más que refuerzos temporales y discursos tranquilizadores, requiere depuración real de corporaciones, inteligencia efectiva y una estrategia que asuma la gravedad del problema, de lo contrario el norte mexiquense corre el riesgo de convertirse en otro territorio disputado donde el Estado, llega tarde y la violencia dicta las reglas.
