Por Karina A. Rocha Priego
Todo parece indicar que las autoridades federales o, mejor dicho, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, es la que está trabajando contra el crimen organizado, llámese narcotráfico, bandas de extorsionadores, bandas de robacoches o de casas habitación, como sea, se están lanzando contra estas células para poder dar mayor certidumbre de seguridad a los mexiquenses, en este caso.
Por lo pronto, los operativos llevados a cabo en el Estado de México, orquestados por la SSC federal, en coordinación con la Marina, SEDENA, policía estatal, las municipales y FGJEM han dado buenos resultados, al grado de que se han desarticulado algunas células delincuenciales donde, incluso, operaban autoridades municipales y de seguridad pública.
Eso es bastante bueno si consideramos que, en lo que al Sur del Estado de México respecta, éste todavía sigue tomado por la delincuencia, a pesar de los trabajos realizados, todavía hay mucho por hacer, pero, están tomando cartas en el asunto.
Pero lo que ha llamado la atención es el reciente sobrevuelo de un dron estadounidense modelo MQ-9B Guardian sobre el cielo de Valle de Bravo y zonas cercanas, hecho que no debería sorprender a nadie aunque, lo verdaderamente escandaloso es que este operativo, según confesión del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se realizó “a petición de México” para apoyar investigaciones estratégicas.
Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué el Estado mexicano necesita que un aparato de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) venga a hacer el trabajo que las autoridades locales y estatales han evadido durante años?.
Recordemos que Valle de Bravo no es solo un destino turístico de élite, con lagos, velas y casas de descanso millonarias, es, desde hace años, un bastión de la Familia Michoacana, uno de los grupos criminales más violentos y enquistados en el corazón del Estado de México, por lo que no es casualidad que el dron volara en círculos sobre esa región y Tejupilco, ni que se trate de una zona de paso estratégico hacia Michoacán y Guerrero, rutas de trasiego de droga y mercancía ilegal.
Esto, queridos lectores, no lo descubrió el dron; lo sabe cualquier ciudadano que viva ahí, lo saben los comerciantes que pagan derecho de piso, lo saben los transportistas extorsionados, la policía municipal, la estatal y, por supuesto, lo sabe el Gobierno del Estado de México, de ahí que, el verdadero problema no es la presencia del dron, sino la ausencia de Estado, la ausencia de voluntad política para romper el vínculo obsceno entre autoridades municipales y delincuencia organizada.
En Valle de Bravo, Zacazonapan, Tejupilco y otros municipios colindantes, la línea que divide a la policía local de los grupos criminales es tan delgada que ya parece borrada, ya que las patrullas conocen perfectamente quién controla cada territorio, pero no actúan; y no actúan porque, en muchos casos, responden más a los intereses del cártel que a los de la ciudadanía.
Las autoridades estatales no pueden alegar ignorancia, la Familia Michoacana opera abiertamente, cobra cuotas, decide qué negocios abren y cuáles cierran, impone “ley” con ejecuciones públicas y, de paso, utiliza a la propia población como escudo y, mientras todo esto ocurre, el gobierno mexiquense mantiene un silencio cómplice o, peor aún, un discurso vacío que finge preocupación.
Lo que el dron vino a “investigar” ya está documentado en denuncias, notas periodísticas y hasta en reportes de inteligencia nacionales, con la diferencia que, cuando un dron de Estados Unidos lo registra, la información adquiere un peso político que nuestras autoridades prefieren no generar por sí mismas.
Además, todo parecía indicar que había omisión sobre Valle de Bravo, y lo dijimos en innumerables ocasiones.
Es más, aunque se escuche trillado, desde el proceso electoral ante pasado, se ha visto cómo la delincuencia organizada ordena sobre ese municipio en todos los sentidos, incluyendo el político, al grado de “incrustar” en la alcaldía a Michelle Núñez, luego de que los líderes de la Familia Michoacana, o sea, los hermanos Olascoaga, secuestraran a la candidata priista y ¿Quién hizo algo al respecto? ¡Nadie! Ni siquiera el PRI tuvo el valor de defender a su candidata.
Y hoy, resulta insultante que se tenga que recurrir a tecnología extranjera para obtener pruebas de algo que está a la vista pues, la operación de la delincuencia organizada en el Estado de México no es clandestina: es estructural, ya que el crimen no solo se infiltra, sino que se integra al poder municipal y se beneficia de la inacción estatal.
El caso de Valle de Bravo es apenas una muestra de un patrón que se repite en buena parte del sur mexiquense: alcaldes que reciben órdenes directas de líderes criminales, policías municipales que patrullan en coordinación con halcones, regidores que facilitan contratos y permisos a empresas pantalla del narco, y un gobierno estatal que prefiere hablar de “estrategias” y “coordinación” antes que nombrar las cosas por su nombre: colusión y corrupción.
El propio vuelo del dron, según el rastreo de la plataforma Flightradar24, revela la precisión de la misión: círculos prolongados sobre puntos exactos, autonomía de más de 40 horas, sensores de reconocimiento que pueden captar hasta el movimiento de un arma oculta.
Este nivel de vigilancia es lo que las autoridades locales no han querido -o no les han permitido- aplicar y la razón es tan simple como vergonzosa, porque al hacerlo, quedarían expuestos funcionarios, mandos policiales y operadores políticos vinculados a los cárteles.
A estas alturas, el Estado de México es un laboratorio perfecto para estudiar cómo la delincuencia organizada se institucionaliza pues, la Familia Michoacana no solo controla rutas y negocios ilegales, también controla información, manipula elecciones municipales, decide candidaturas y “cobra” favores a quienes llegan al poder gracias a su respaldo y esto no se logra únicamente con violencia; se logra con protección política y con la complicidad activa de quienes deberían defender a la población.
Lo que el dron estadounidense sobrevoló no fue solo territorio: sobrevoló un mapa de corrupción, vio pueblos donde las plazas públicas están tranquilas porque todos saben quién manda, vio carreteras donde la policía municipal se hace a un lado para que pasen camionetas con vidrios polarizados, vio mercados donde cada comerciante paga su cuota bajo amenaza; en resumen, vio lo que el gobierno estatal no quiere mirar.
La narrativa oficial insiste en que todo vuelo extranjero en territorio nacional tiene autorización, super, pero lo que no se explica es por qué esa autorización se pide para que venga un aparato extranjero a suplir la falta de acción de las fuerzas mexicanas.
El argumento de “apoyo a investigaciones estratégicas” es, en realidad, una admisión de que el Estado mexicano no puede realizar esas investigaciones por sí mismo y eso, en esencia, es una derrota.
En un país donde la soberanía se invoca para rechazar críticas externas, es irónico que se recurra a la tecnología y a los recursos de otro gobierno para atender problemas internos, pero lo más grave no es la contradicción política: lo más grave es que, una vez que el dron se vaya, la vida en Valle de Bravo seguirá igual.
Los mismos grupos seguirán cobrando, los mismos funcionarios seguirán protegiendo, y los mismos ciudadanos seguirán viviendo bajo un régimen criminal que, en los hechos, se comporta como la verdadera autoridad.
Seamos claros, mientras la delincuencia organizada tenga un asiento reservado en los cabildos municipales y una línea directa con el gobierno estatal, ningún dron -por sofisticado que sea- podrá cambiar la realidad, lo único que hará será documentar, desde el aire, lo que en tierra hemos permitido que se pudra durante décadas y ahí, queridos lectores, está la verdadera tragedia: que no es falta de información, es falta de voluntad.
