Por Mary González/Raúl Ruíz
Con el 66% de los casos de extorsión concentrados en ocho entidades del país, el Estado de México se coloca como prioridad en la nueva estrategia federal para combatir este delito que ha escalado a niveles alarmantes.
Así lo anunciaron las autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una conferencia conjunta con los titulares de la FGR, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional.
El plan, que tiene como objetivo principal contener y reducir la extorsión en sus diferentes modalidades, incluye medidas estructurales como inteligencia, coordinación interinstitucional, atención a víctimas, congelamiento de cuentas bancarias, y operativos en penales, así como acciones de prevención y capacitación en comercios, hoteles y bancos.
Edomex, foco rojo nacional
El Estado de México encabeza la lista de las entidades con mayor número de extorsiones, junto con Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Esta entidad no solo refleja la complejidad del fenómeno delictivo, sino también el grado de penetración de las redes criminales en sectores cotidianos, desde el comercio informal hasta grandes cadenas empresariales.
Las autoridades federales reconocieron que la extorsión afecta directamente a miles de familias trabajadoras, dueñas de pequeños negocios, transportistas, agricultores y comerciantes, quienes viven bajo amenaza constante.
García Harfuch destacó que “detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias que, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios o prestan servicios”.
Inteligencia, finanzas y sistema penitenciario: ejes del plan
Uno de los ejes de la estrategia se centrará en reforzar los operativos en centros de reclusión, donde se originan muchas de las extorsiones telefónicas. Se buscará el aseguramiento de equipos móviles, el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas por delincuentes, y se solicitarán órdenes judiciales para intervenir y bloquear dispositivos celulares vinculados a estas redes criminales.
La estrategia contará con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que será responsable del congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con estos ilícitos. Además, se harán convenios con el sector privado para ampliar la detección de depósitos sospechosos y capacitar al personal de tiendas, bancos y hoteles en la identificación de conductas vinculadas con la extorsión y el secuestro virtual.
Atención a víctimas y campaña nacional
El gobierno federal habilitará una línea nacional de atención, 089, especializada en la recepción de denuncias de extorsión, para lo cual, el personal será capacitado para brindar acompañamiento emocional, canalización institucional y orientación jurídica.
Además, se impulsará una campaña de prevención nacional en medios de comunicación y espacios públicos para informar a la ciudadanía sobre cómo detectar y denunciar la extorsión.
Los cajeros de tiendas de conveniencia, empleados bancarios y recepcionistas de hoteles recibirán talleres para identificar transferencias, depósitos o llamadas vinculadas con extorsiones y secuestros virtuales.
Coordinación con fiscalías: compromiso nacional
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que trabajará de manera conjunta con la SSPC, Sedena, Marina y Guardia Nacional para documentar y denunciar formalmente las extorsiones telefónicas y presenciales, incluyendo el conocido “cobro de piso”.
Gertz Manero informó que el próximo 1 de agosto convocará a todos los fiscales del país para establecer un compromiso colectivo en el levantamiento de denuncias, generar un sistema nacional de información sobre extorsión, e identificar los centros penitenciarios desde donde se origina esta actividad criminal.
Este registro será público y actualizado mensualmente, como parte del seguimiento ciudadano y la transparencia institucional.
Una deuda con el Edomex
Para el Estado de México, esta estrategia representa no solo una respuesta tardía pero necesaria, sino una deuda histórica con miles de víctimas silenciosas que han enfrentado la extorsión en total abandono por parte de las autoridades locales.
Municipios como Ecatepec, Neza hualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tultitlán y Chimalhuacán figuran entre los focos de mayor incidencia.
El reto en el Edomex será la implementación eficaz de esta estrategia, sin simulaciones ni dilaciones; la participación de los gobiernos municipales, la fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad local será crucial para que el plan no quede en buenas intenciones.
La ciudadanía espera resultados visibles: detenciones reales, procesos judiciales concluyentes, reducción de llamadas extorsivas y, sobre todo, una recuperación del espacio público, de la actividad económica y de la confianza ciudadana.
En palabras del propio García Harfuch, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: “Enfrentar la extorsión con la fuerza de las instituciones del Estado”.
Ahora le corresponde al Estado de México demostrar que está a la altura del reto. Porque no se trata solo de combatir un delito, sino de recuperar la tranquilidad y la dignidad de quienes hoy viven bajo la sombra del miedo y el silencio.
