Por Mary González
El Estado de México vive una de las etapas más críticas de los últimos años, una doble crisis golpea con fuerza a las familias, los negocios y las escuelas, por un lado la escasez de gas LP en el Valle de Toluca paraliza actividades cotidianas, mientras que en otros municipios el desabasto de agua potable se extiende sin una solución clara, ambos problemas revelan el desgaste estructural de un sistema estatal incapaz de garantizar servicios básicos en pleno siglo XXI.
Gas escaso, precios al alza y malestar social
Desde hace más de dos semanas, el suministro de gas LP en el Valle de Toluca presenta una caída alarmante, las empresas gaseras no logran abastecer de manera regular a los hogares y negocios, los repartidores esperan días enteros para poder llenar sus cilindros y cuando finalmente logran conseguir combustible, lo hacen en cantidades mínimas, el tandeo se ha convertido en la única estrategia de supervivencia ante un problema que nadie asume con responsabilidad.
El argumento oficial apunta a los cierres de vialidades en Tuxpan, Veracruz, donde se realizan trabajos de mantenimiento después de las inundaciones que afectaron la zona, sin embargo, el impacto en el Estado de México deja al descubierto una grave dependencia logística y la ausencia de un plan de contingencia, en la avenida Alfredo del Mazo, una de las zonas industriales más importantes del Valle, las pipas se acumulan a la espera de turnos, mientras los consumidores comienzan a resentir el aumento de precios y el riesgo de quedarse sin combustible en pleno invierno.
Trabajadores del sector gasero reconocen que la situación podría normalizarse hasta diciembre o incluso a inicios de 2026, lo que significa semanas de incertidumbre para quienes dependen del gas para cocinar, trabajar o mantener operativos sus comercios, la crisis energética local se convierte así en un reflejo de la precariedad con la que se manejan los servicios públicos y privados en la entidad, donde las autoridades parecen más preocupadas por justificar que por resolver.
El desabasto de gas también tiene un costo social, afecta directamente a las familias más vulnerables, aquellas que no pueden pagar un incremento en el precio del cilindro o que deben elegir entre comprar gas o alimentos, mientras tanto, los grandes distribuidores permanecen en silencio, los gobiernos municipal y estatal no ofrecen alternativas, y el ciudadano común enfrenta, una vez más, el peso de la indiferencia institucional.
Agua: entre la sequía y la negligencia
La otra cara de la crisis es el agua, un recurso que en teoría debería ser abundante por la cercanía del Sistema Cutzamala, pero que en la práctica se ha convertido en un privilegio, el cierre de 189 pozos irregulares dentro del operativo “Caudal”, impulsado por el gobierno estatal, ha generado un efecto dominó, miles de habitantes se quedaron sin suministro continuo, los tinacos vacíos son la nueva postal del Valle de México, y las protestas ciudadanas comienzan a multiplicarse.
Las autoridades aseguran que el cierre de pozos es una medida necesaria para frenar la extracción ilegal del recurso, sin embargo, la estrategia evidencia una falta de planeación, se actuó sin prever mecanismos de compensación o rutas alternas de abastecimiento, lo que ha provocado compras de pánico, largas filas para llenar cubetas y camiones cisterna que no alcanzan a cubrir la demanda, los municipios más afectados son aquellos que dependen totalmente del agua extraída de esos pozos ahora clausurados.
Paradójicamente, el Sistema Cutzamala mantiene niveles estables según reportes oficiales, lo que genera una pregunta incómoda, si hay agua en el sistema, ¿por qué no llega a los hogares?, la respuesta apunta a un manejo ineficiente de las redes municipales, fugas no reparadas, corrupción en la distribución y una evidente falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, mientras tanto, los vecinos enfrentan una realidad absurda: ver pasar pipas del organismo estatal sin recibir una sola gota.
El problema no es nuevo, pero la combinación con el desabasto de gas lo agrava, la población enfrenta una doble carencia que limita su vida diaria, sin agua ni gas, los servicios básicos se convierten en un lujo, los negocios reducen horarios, las escuelas suspenden clases, los hospitales improvisan y los hogares sobreviven con lo mínimo, todo esto en la entidad más poblada del país, gobernada por un aparato burocrático que parece más enfocado en cuidar su imagen que en garantizar el bienestar de su gente.
Un Estado sin respuestas
El Edoméx enfrenta una crisis que no se resuelve con declaraciones, requiere planificación, transparencia y voluntad política, pero nada de eso se observa, las autoridades insisten en que el panorama mejorará pronto, aunque los hechos dicen lo contrario, las soluciones improvisadas y los discursos justificativos solo profundizan el malestar, la población ya no confía, ya no espera promesas, exige resultados.
La doble crisis de gas y agua no es solo un problema de suministro, es el reflejo de un modelo agotado de gestión pública, donde la falta de previsión, la corrupción y la descoordinación generan colapsos cíclicos, mientras la ciudadanía paga las consecuencias, hoy el Edoméx se asoma al abismo de la ineficiencia estructural, y lo más grave, sin señales claras de que alguien tenga la voluntad de detener la caída.
