* Una radiografía crítica de la violencia homicida en 2024 y 2025……
Por Karina Libien
Durante 2024, el Estado de México volvió a colocarse como una de las entidades más violentas del país, acumulando 3,277 homicidios, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta cifra coloca a la entidad en el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, sólo por detrás de Guanajuato, que registró 4,015 casos y ambas entidades concentraron el 21.9% de los homicidios registrados en México durante ese año: un total de 33,241 asesinatos.
El dato es alarmante: en promedio, 91 personas fueron asesinadas cada día en México durante 2024, y casi 9 de esas muertes ocurrieron en territorio mexiquense, fenómeno que no solo refleja la crudeza de la violencia, sino también el fracaso estructural de las estrategias de seguridad en la entidad, pese a los esfuerzos recientes del gobierno estatal.
A lo largo de 2025, aunque aún no se cuenta con cifras consolidadas del INEGI, los datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la tendencia no se ha revertido de forma significativa.
La violencia letal se mantiene, con zonas como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan concentrando la mayor parte de los homicidios.
Una crisis sostenida
El Estado de México vive una crisis de seguridad que no es nueva, pero sí persistente. Años de abandono institucional, corrupción en cuerpos policiacos municipales, y una débil estrategia de prevención del delito han creado un entorno propicio para la violencia.
Si bien el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha implementado acciones como la entrega de más de mil patrullas y fortalecimiento del mando unificado en la zona oriente, estas medidas aún no logran frenar el repunte de homicidios.
Lo más preocupante es que muchos de estos asesinatos están vinculados a disputas entre células del crimen organizado, feminicidios y violencia interpersonal relacionada con el entorno doméstico o vecinal. Es decir, la violencia está presente tanto en la esfera pública como en la privada.
¿Dónde está fallando el Estado?
Uno de los principales problemas radica en la impunidad, toda vez que el índice de esclarecimiento de homicidios en el Estado de México es alarmantemente bajo y, según organizaciones como México Evalúa y Causa en Común, menos del 10% de los asesinatos registrados en la entidad terminan en una sentencia condenatoria, lo que significa que el 90% de los homicidas continúan libres, alimentando un ciclo de violencia sin consecuencias.
Además, las capacidades forenses, policiales y de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México están desbordadas, más aún cuando hay peritos que deben atender hasta 10 casos por día y agentes del Ministerio Público con cientos de carpetas abiertas simultáneamente, lo que imposibilita una investigación eficaz.
La falta de coordinación entre niveles de gobierno y la politización de la seguridad también juegan un papel fundamental, aunque la gobernadora Delfina Gómez ha hecho llamados a la unidad institucional, los esfuerzos aún se diluyen en luchas partidistas y burocracia.
Impacto social
La violencia homicida ha dejado una huella profunda en la sociedad mexiquense, donde las familias de las víctimas enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también la revictimización institucional, la falta de apoyo psicológico, económico y legal es la constante.
Casos de homicidios que no se investigan, cuerpos que tardan días en ser identificados, o madres que deben convertirse en investigadoras ante la inacción de las autoridades, son una realidad diaria.
Además, la percepción ciudadana ha sido profundamente afectada, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 80% de los habitantes del Estado de México se sienten inseguros. Esto impacta la movilidad, el comercio, la convivencia y la vida comunitaria en general.
¿Y la estrategia para 2025?
Para 2025, el gobierno mexiquense ha prometido redoblar esfuerzos en la profesionalización de policías municipales, en la inversión en inteligencia y tecnología, así como en programas de prevención social del delito.
También se ha anunciado un aumento en el presupuesto destinado a la Fiscalía estatal y se ha intensificado la presencia de la Guardia Nacional en zonas de alta incidencia.
Sin embargo, mientras estas medidas no se traduzcan en resultados tangibles, es decir, en menos homicidios, más justicia y una mejora real en la percepción ciudadana, seguirán siendo promesas sobre papel.
La exigencia pública es clara: no se trata solo de más patrullas o retenes, sino de una transformación profunda de la política de seguridad.
Cifras de muerte, estrategias sin rumbo
El Estado de México enfrenta una encrucijada: continuar con medidas reactivas que no atacan el problema de fondo o impulsar una estrategia integral que articule prevención, justicia, reparación del daño y participación ciudadana.
De lo contrario, la cifra de 3,277 homicidios en 2024 no será la cúspide, sino apenas una estación más en la larga ruta de la violencia que asola a una de las entidades más pobladas del país.
Porque más allá de los números, lo que está en juego son vidas y, hasta ahora, la cuenta sigue sumando.
