* Más de seis mil millones de pesos no pudieron ser comprobados en la Cuenta Pública 2024, la entidad encabeza el monto observado a nivel nacional……
Por Mireya Álvarez
El Estado de México volvió a colocarse en el centro del debate nacional sobre transparencia y manejo del gasto público, luego de que la revisión de la Cuenta Pública 2024 confirmara que concentra el mayor número de observaciones y el monto más alto por aclarar en todo el país, más de seis mil millones de pesos cuyo destino no pudo ser debidamente comprobado.
Durante la presentación de la tercera entrega de informes individuales ante la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, informó que la entidad mexiquense acumuló el mayor monto observado, derivado principalmente de fallas administrativas, deficiencias en la rendición de cuentas y ausencia de documentación suficiente para rastrear el ejercicio de recursos federales.
Falta de información y opacidad administrativa
De acuerdo con el informe, uno de los problemas más reiterados fue la carencia de información clara y consistente para comprobar el uso del dinero público, la ASF advirtió obstáculos para profundizar en la fiscalización debido a inconsistencias en la documentación entregada tanto por dependencias estatales como por ejecutores municipales del gasto, lo que evidencia una estructura administrativa frágil y poco preparada para cumplir con estándares básicos de transparencia.
En los hallazgos de alto impacto, integrados en 23 láminas del informe oficial, se reportaron irregularidades por más de 742 millones de pesos en auditorías practicadas a 15 municipios mexiquenses donde actualmente opera la estrategia de seguridad conocida como Operación Enjambre, lo que agrava el escenario al tratarse de demarcaciones consideradas prioritarias en materia de seguridad pública.
Municipios con mayores montos observados
Entre los ayuntamientos con cifras más elevadas destaca Ecatepec, con más de 231 millones de pesos señalados por pagos a empresas sin que se acreditara la entrega de bienes y servicios contratados, una práctica que revela debilidades graves en los mecanismos de supervisión interna y control del gasto.
Le sigue Nicolás Romero, con 119.6 millones de pesos observados por no comprobar la prestación de servicios médicos ni el impacto de una obra pública destinada a población en pobreza extrema, además de inconsistencias en arrendamiento de vehículos y adquisición de terrenos, lo que refleja una cadena de decisiones administrativas sin sustento documental sólido.
En el caso de Almoloya de Alquisiras, la totalidad de los recursos federales transferidos, 117 millones de pesos, presentó observaciones por falta de comprobación, mientras que en Jilotzingo más de 72 millones de pesos carecieron de respaldo documental suficiente, configurando un patrón que va más allá de errores aislados y apunta a prácticas sistemáticas de desorden administrativo.
Dependencias estatales bajo la lupa
Las irregularidades no se limitaron al ámbito municipal, en el plano estatal la Junta de Caminos del Estado de México fue señalada por el pago de más de dos mil 600 millones de pesos correspondientes a dos contratos de mantenimiento carretero sin contar con documentación que acreditara la ejecución de los trabajos ni mecanismos claros de trazabilidad de los recursos provenientes de un fideicomiso, una observación que por su magnitud coloca bajo presión a la estructura financiera del gobierno estatal.
El informe subraya que las observaciones no implican automáticamente daño patrimonial, sin embargo obligan a las autoridades estatales y municipales a solventar y aclarar el uso de los recursos federales ejercidos durante 2024, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones públicas se encuentra debilitada por casos reiterados de opacidad y manejo discrecional del presupuesto.
Más allá de la dimensión técnica del reporte, el hecho de que el Estado de México encabece la lista nacional de montos por aclarar tiene implicaciones políticas y administrativas profundas, pues revela que los mecanismos internos de control no están funcionando con la eficacia necesaria, y que la coordinación entre niveles de gobierno presenta fallas estructurales que impactan directamente en la calidad de los servicios públicos.
En una entidad que concentra una de las poblaciones más grandes del país y que recibe importantes recursos federales, la falta de comprobación de miles de millones de pesos no puede reducirse a simples omisiones contables, sino que abre interrogantes sobre la planeación del gasto, la supervisión de contratos y la capacidad institucional para garantizar que cada peso destinado a salud, infraestructura o seguridad llegue efectivamente a su propósito original.
Con estos resultados, el Estado de México se posiciona como la entidad con mayores montos por aclarar en la revisión federal de la Cuenta Pública 2024, bajo el escrutinio nacional y con la obligación de demostrar que puede corregir las fallas detectadas, fortalecer sus sistemas de control y evitar que la opacidad continúe marcando el destino de recursos que deberían traducirse en desarrollo y bienestar para millones de mexiquenses.
