Por Martha Romero
Tras afirmar que aunque se derogó la regulación de la extorsión del Código Penal del Estado de México, este delito seguirá castigándose con base en las sanciones previstas en la ley general en la materia, el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Mexiquense aseveró que la entidad contará con una ley local para fortalecer la actuación institucional para combatir este delito de forma eficaz.
Indicó que la nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Congreso local el pasado 15 de enero, refuerza de manera integral el combate a este delito, al establecer mecanismos especializados de prevención, investigación y persecución, en armonía con la legislación federal.
Recordó que el Gabinete de Seguridad federal presentó el 6 de julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución federal, con la que se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general con elementos mínimos necesarios para homologar el tipo penal de extorsión en todo el país y la obligación de las entidades de armonizar su marco jurídico a ese nuevo modelo.
Destacó como uno de los principales avances que la extorsión, incluida su modalidad del llamado “cobro de piso”, se perseguirá de oficio, lo que permitirá investigar aun cuando las víctimas no ratifiquen la denuncia, una situación común debido al miedo o la desconfianza hacia la autoridad.
Subrayó que se crea la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, así como el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, instancias que brindarán atención especializada, darán seguimiento a los casos y contribuirán a reducir la denominada “cifra negra”, delitos que ocurren pero que no son registrados por las autoridades por la falta de denuncia ciudadana.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que, una vez concluido el proceso legislativo, ahora corresponde a las autoridades cumplir los plazos establecidos en la ley, como la instalación del Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, la implementación de la Estrategia Estatal y la instalación de tecnologías para inhibir llamadas desde centros penitenciarios.
Con base en lo anterior, dijo, el Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión deberá instalarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Añadió que un vez publicada en Gaceta de Gobierno, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) deberá establecer la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados en un plazo no mayor a 180 días naturales, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá crear y poner en operación la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro en un periodo no mayor a 45 días hábiles.
Refirió que los centros penitenciarios mexiquenses tendrán 150 días hábiles para inhibir las llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen; la SSEM establecerá y pondrá en operación el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión en un plazo no mayor a 180 días hábiles; y la Secretaría de Finanzas, exclusivamente para efectos de la implementación del presente Decreto y durante el ejercicio fiscal en curso, podrá autorizar las adecuaciones presupuestarias.
Finalmente, reiteró que estas acciones responden a la coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el gobierno federal, pues tienen como objetivo proteger a las familias y a las unidades económicas mexiquenses, así como disminuir de manera sostenida la incidencia del delito de extorsión en la entidad.
