Por Martha Romero
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, denunció que la entidad continúa siendo epicentro de violencia feminicida, con dos alertas de género activas y una preocupante cifra que entre 2022 y 2024, registran mil 052 asesinatos de mujeres, pero sólo el 28% se investigan como feminicidios.
Al referirse al caso del feminicidio de Fátima, ocurrido en el municipio mexiquense de Lerma, cuando la niña tenía apenas 12 años, y a una década, exigió justicia efectiva, reformas legales urgentes y el fin de la impunidad, pues es un caso que debe “doler y mover el corazón de cada uno”, por lo que reafirmó su compromiso con el acompañamiento a las víctimas.
Tras enfatizar que a pesar del tiempo transcurrido las familias siguen enfrentando trabas en el acceso a la justicia porque en este caso uno de los agresores fue liberado y otro se amparó en la justicia para adolescentes, resaltó que se debe modificar la ley porque esas acciones no son de un niño y no se trata de criminalizar a la adolescencia, pero sí de reconocer la gravedad de los hechos y aplicar sentencias conforme al daño causado.
“Seguimos encubriendo feminicidios al clasificarlos como homicidios dolosos o suicidios. Las cifras no crecen porque se están trasladando a otras carpetas, pero la realidad está ahí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, resaltó.
Al referirse a la reciente sentencia que ordenó reabrir el caso de Fátima bajo este criterio, la también integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) consideró que esta resolución no solo representa un acto de justicia para la familia de Fátima, sino sienta un precedente histórico para otras víctimas y refuerza la urgencia de construir una justicia transformadora, porque abre un abanico de posibilidades para muchas familias que han vivido el horror del feminicidio.
Por ello, llamo a crear mesas técnicas con el gobierno estatal, fiscalías, comisiones de búsqueda y de atención a víctimas para garantizar la aplicación efectiva de las medidas dictadas por la SCJN, pues si bien hay avances como los caminos seguros, botones de pánico y transporte exclusivo para mujeres y niñas, aún falta mucho por hacer.
Finalmente, sobre el fenómeno del desplazamiento forzado de familias víctimas de feminicidio, problemática que ha sido invisibilizada por las autoridades, adelantó que propondrá la creación de mecanismos interestatales para garantizar atención integral en los lugares a los que las familias se ven obligadas a huir para que tengan acceso a escuelas, servicios médicos, seguridad y empleo.
