El Estado de México volvió a entrar en zona crítica por sequía. Aunque el Sistema Cutzamala reportó una recuperación parcial -48.47 por ciento de almacenamiento al 20 de mayo- los niveles siguen lejos de garantizar el abasto para la entidad más poblada del país.
Hace un año, el sistema apenas alcanzaba 29.2 por ciento de su capacidad. Hoy hay 154 millones de metros cúbicos más, pero no es suficiente.
Con el ritmo actual de extracción, estimado en 14.8 metros cúbicos por segundo, el agua disponible alcanzaría para unos 300 días. La presa Villa Victoria está a 34.5 por ciento, mientras que Miguel Alemán, en Valle de Bravo, alcanza 61.8.
Para el diputado local del Partido Verde Ecologista, José “Pepe” Couttolenc, el problema no se limita al clima ni a los niveles en las presas; el acceso al agua, dijo, está condicionado por redes de poder que operan desde lo municipal.
“El 90 por ciento del territorio mexiquense está ya con un estrés hídrico. Los que tienen una sequía excepcional están sobre todo al norte del estado, por Aculco y Jilotepec, y una sequía extrema la estamos viendo en zonas como Toluca, Almoloya de Juárez y parte del oriente”, explicó en entrevista con Capital Edomex.
Desde su curul en el Congreso local, el legislador ha impulsado iniciativas para sancionar tomas ilegales, fomentar la captación pluvial y garantizar el acceso al recurso en escuelas públicas. Sin embargo, asegura que las medidas enfrentan una barrera estructural que es la corrupción en los gobiernos locales.
“Hay muchos alcaldes, desafortunadamente, que tienen el negocio de las pipas de agua. Entonces les conviene llevar esto así y que no se resuelvan los temas de agua de fondo. No quiero personalizar el tema, pero claro que sucede”, afirmó.
En el Valle de México llueve, pero el agua se desperdicia. Los sistemas de captación no se han extendido como solución real. Las fugas siguen sin atenderse y las colonias más altas viven con tandeos inestables mientras otras acceden al agua mediante redes informales o pagos en efectivo por servicios irregulares.
“Lo que es increíble es que tenemos tan mala gestión del recurso que ahorita en junio, julio y agosto nos inundamos, y todos los demás meses tenemos una sequía brutal. La solución está ahí, es costosa, pero está: es terminar con el huachicoleo del agua”, dijo Couttolenc.
A nivel legislativo, su bancada ha promovido sanciones económicas de hasta 500 mil pesos para quienes interfieran con el ciclo del agua, como ocurre con el bombardeo de nubes en zonas agrícolas del norte del estado.
También propusieron llevar purificadores a las escuelas y asegurar que cuenten con pipas gratuitas durante la temporada de estiaje. A esto se suma el impulso al uso de captadoras pluviales, especialmente en zonas urbanas donde la infraestructura es insuficiente.
La falta de datos oficiales sobre cuántas tomas existen, cuánto se extrae y quién paga por el recurso es uno de los vacíos más graves.
Empresas instaladas en zonas de alto consumo utilizan agua sin regulación, mientras habitantes de colonias populares enfrentan cortes constantes o compran el servicio en condiciones precarias.
“Hay empresas que la utilizan amontonadas y no se les cobra absolutamente nada. No se tiene claro cuánta agua se ocupa en municipios como Huixquilucan, que es de los más ricos de todo el estado. Imagínate cómo está el resto del Estado de México”, advirtió.
El estado tiene más de 20 presas, muchas de ellas azolvadas o con almacenamiento mínimo. La red de distribución opera sin control institucional. Las pérdidas por fugas, tomas clandestinas y omisiones administrativas siguen sin ser contenidas.
