* Persisten vacíos institucionales y respuestas tardías frente a una crisis constante……
Por Mary González
Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 29 de enero de 2026 se registraron 122 reportes de personas desaparecidas en el Estado de México, de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localiza das del Gobierno de México, una cifra que vuelve a exhibir la dimensión estructural de una crisis que se mantiene activa y sin contención efectiva en la entidad más poblada del país.
La estadística refleja que 70 de los casos corresponden a hombres y 52 a mujeres, lo que significa que 57 por ciento de las desapariciones afectan a población masculina, aunque en ambos casos el impacto social y familiar es profundo y sostenido, con búsquedas que recaen de manera recurrente en las propias familias ante la insuficiencia de acciones institucionales.
Municipios con mayor incidencia
Los municipios con mayor concentración de reportes durante este periodo son Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán y Coacalco, zonas caracterizadas por alta densidad poblacional, complejas dinámicas urbanas y una persistente presencia de violencia e impunidad.
La reiteración de estos municipios en los registros nacionales no es un hecho aislado ni coyuntural, sino un patrón que se repite año con año sin que exista una estrategia diferenciada y efectiva para contener las desapariciones, lo que evidencia la incapacidad de los gobiernos municipales y estatales para atender el fenómeno más allá del registro estadístico.
En estos territorios, las desapariciones conviven con delitos de alto impacto, economías ilegales y una profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades, factores que agravan el riesgo y dificultan las labores de búsqueda temprana, fundamentales para incrementar las posibilidades de localización con vida,
Más de la mitad sigue sin ser localizada
En cuanto al estatus de las investigaciones, el balance oficial indica que 67 personas permanecen en calidad de no localizadas, lo que representa más de la mitad de los casos reportados en apenas dos meses, frente a 55 personas que ya fueron ubicadas, una cifra que equivale al 45 por ciento del total.
Aunque las autoridades suelen destacar el número de personas localizadas, el dato central sigue siendo el rezago en la localización de más de 60 personas, cuyos expedientes continúan abiertos y cuyos familiares enfrentan procesos largos, desgastantes y marcados por la incertidumbre, la revictimización y la falta de información clara.
La persistencia de personas no localizadas pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de búsqueda inmediata, la coordinación entre fiscalías y policías, así como la capacidad real del Estado para responder con rapidez en las primeras horas, consideradas críticas por especialistas y colectivos de búsqueda.
Hallazgos con vida no borran la crisis
Respecto a las condiciones de hallazgo, el informe técnico señala que 54 de las 55 personas localizadas, es decir 98 por ciento, fueron encontradas con vida, mientras que un caso fue reportado como fallecido, un dato que suele ser utilizado por las autoridades para minimizar la gravedad del problema.
Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las personas localizadas aparezcan con vida no elimina la responsabilidad institucional frente a las desapariciones ni el impacto que estas generan, cada reporte implica días o semanas de angustia, gastos económicos, movilización social y una ruptura profunda en la vida cotidiana de las familias.
Además, el registro oficial no siempre refleja las condiciones en las que ocurren las localizaciones, ni las posibles violencias asociadas a las desapariciones temporales, ni las razones por las cuales estas personas desaparecieron, lo que limita la comprensión integral del fenómeno y perpetúa su repetición.
Una crisis normalizada
Los datos del Registro Nacional confirman que la desaparición de personas en el Estado de México se ha normalizado como un problema recurrente, sin que exista una política pública integral que priorice la prevención, la búsqueda inmediata y la atención a las víctimas indirectas.
Mientras las cifras se actualizan periódicamente, las familias siguen ocupando el espacio que el Estado no cubre, organizando búsquedas, presionando a las autoridades y manteniendo viva la exigencia de verdad y justicia, en una entidad donde desaparecer se ha convertido en un riesgo cotidiano y donde la respuesta institucional continúa siendo reactiva insuficiente y tardía.
