Por Mireya Álvarez
El balance más reciente sobre la actuación de los organismos defensores de derechos humanos en México revela un aumento significativo tanto en recursos como en actividades durante 2024. De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Ciudad de México y el Estado de México concentraron el mayor gasto estatal entre los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).
El informe detalla que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció un presupuesto superior a los mil 417 millones de pesos, mientras que los organismos estatales, en conjunto, utilizaron poco más de 2 mil 546 millones de pesos. Estos recursos se canalizaron a través de 27 consejos consultivos en funcionamiento y 609 áreas administrativas, visitadurías u órganos equivalentes distribuidos en las 32 entidades del país.
En cuanto al personal, la CNDH reportó una plantilla de poco más de mil 400 trabajadores, mientras que los OPDH estatales sumaron más de 4 mil 500 personas servidoras públicas. En ambos casos, las mujeres representaron la mayoría de quienes integran estas instituciones.
Las acciones de promoción y capacitación en derechos humanos también mostraron un crecimiento. A nivel nacional se llevaron a cabo 40 mil 994 actividades de formación y difusión, cifra superior a la registrada el año anterior, con la capital del país y la entidad mexiquense a la cabeza en este tipo de eventos.
Durante el mismo año se otorgaron cerca de 380 mil servicios de atención inmediata y complementaria, derivados de casi 149 mil solicitudes de queja. De ese total, poco más de 87 mil fueron admitidas para la apertura de expedientes por posibles violaciones a derechos humanos. En el ámbito estatal, los sectores que presentaron más denuncias fueron las mujeres, las personas privadas de la libertad y los adultos mayores.
El documento del INEGI también da cuenta de la labor resolutiva de estos organismos: los OPDH emitieron 894 recomendaciones, mientras que la CNDH formuló 317 y como resultado de estas acciones, 466 personas servidoras públicas fueron sancionadas, en su mayoría pertenecientes a corporaciones de seguridad pública.
