Una información filtrada a través de fuentes oficiales al interior de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tras investigación confirmada en dichos círculos, revelan que se preparan cambios importantes en los mandos de más alto nivel en relación con las Fuerzas Armadas mexicanas, incluidos la Subsecretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, movimientos que ya fueron avalados por el Comando Norte de Estados Unidos y contaron de igual manera con la opinión del Comando Sur.
Las fuentes consultadas bajo anonimato detallan que los ajustes forman parte de una reconfiguración interna similar a la observada recientemente en la Marina y que alcanzará cargos estratégicos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Las mismas voces adelantan que el general de división del Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, actual comandante de la Tercera Región Militar, sería designado en un nuevo encargo de alto nivel, en un movimiento que, seguramente, sorprenderá a muchos involucrados al interior de la misma dependencia militar por su trayectoria previa en estados como Sinaloa y Durango.
De acuerdo con la explicación que han ofrecido las mismas fuentes, estos cambios incluyen la modificación de la Subsecretaría de la Defensa, un puesto que las autoridades de Estados Unidos consideran como clave por su peso operativo y político dentro del Ejército.
Explican también, que la decisión tiene que ver, entre otras causas, por la concentración de funciones administrativas que antes estaban distribuidas en tres oficialías mayores vinculadas a la Sedena, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.
Como se esperaba con estas asignaciones se explica que el objetivo de esta reestructura es cerrar espacios a la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y fortalecer la confiabilidad institucional ante Estados Unidos.
Las mismas fuentes explican que la propuesta de estos cambios llegó directamente de manos del secretario de la Defensa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero insisten en que los perfiles de los nuevos mandos fueron revisados y aceptados por instancias militares estadounidenses.
En ese contexto, las fuentes aclaran que no se trata de una intervención militar extranjera, sino de una participación activa de Estados Unidos en decisiones relacionadas con la seguridad interior de México, pero es una realidad que, con esta revelación, el gobierno de Estados Unidos asume una participación directa en la toma de decisiones y acciones.
De igual manera, las fuentes aseguran que estos movimientos se incluyen en una dinámica más amplia de cooperación y presión en materia de seguridad, en la que se destacan exigencias de depuración interna.
También destacan una mayor coordinación en inteligencia y combate a grupos criminales, aun cuando el gobierno mexicano todavía no ha dado a conocer su postura oficial ante tales incidencias, por lo que ya de entrada se genera incertidumbre sobre el alcance de esta participación.
En relación con dicha información, valdría recordar que, apenas en los primeros días de enero, el Senado de la República había frenado una solicitud enviada por la milicia estadounidense para llevar a cabo entrenamientos conjuntos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora llamada Defensa; la solicitud formal para estos entrenamientos conjuntos había sido presentada por la presidenta Sheinbaum Pardo al Senado en diciembre de 2025, el documento, dirigido a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, especificaba los detalles operativos del plan de adiestramiento.
La petición incluía el ingreso a territorio mexicano de 29 elementos de las Fuerzas Srmadas de Estados Unidos, con el siguiente desglose: 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEALs. y 10 elementos del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.
Según la solicitud, los elementos ingresarían con su equipo y armamento en la aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el plan de vuelo establecía que aterrizarían el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y regresarían a su país el 15 de abril del mismo año, despegando desde el mismo aeropuerto.
La suspensión de los ejercicios militares conjuntos se llevó a cabo por un ajuste en la agenda legislativa del Senado mexicano, específicamente a la reprogramación de una sesión de comisiones.
