Rogelio Escobedo, uno de los principales productores de limón en Michoacán, fue “cazado” por sicarios al servicio del crimen organizado en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, quienes hirieron de gravedad al acompañante del empresario, quien se había negado a pagar cobro de piso a los delincuentes.
Compañeros de actividades de la víctima, angustiados por el artero crimen, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayores y mejores acciones contra los criminales, quienes han quemado sus cultivos, incendiado y destruido sus empacadoras.
“Demandamos a las autoridades más operativos y que los mismos sean permanentes, como permanentes son los ataques de los criminales contra los ciudadanos y empresarios y otras personas que viven y laboran temerosas de perder la vida, como en el presente caso, en el momento menos esperado”, acotaron los em-
presarios limoneros.
De acuerdo con autoridades estatales y municipales, el ataque armado contra Escobedo, de 40 años, se registró cuando, acompañado de otra persona, circulaba por la carretera referida, a la altura de la zona conocida como “El Ceñidor”, municipio de Parácuaro, cuando se dirigía a Apatzingán. El acompañante del limonero quedó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de Tierra Caliente, refirieron los encargados de la investigación.
Se precisó que los afectados fueron atacados desde una camioneta que en el sitio referido se les emparejó y accionaron armas de fuego de grueso calibre, lo que ocasionó que el empresario falleciera en el lugar, mientras que su acompañante con lesiones que ponen en peligro su vida.
Luego de confirmar que el productor y empacador de limón había recibido amenazas de los delincuentes por negarse a pagar el llamado cobro de piso, se indicó que no es el primer limonero que es ejecutado en el estado de Michoacán, recordando el caso de José Luis Aguinaga, asesinado en el municipio de Buenavista.
Los empresarios calificaron como “poco efectiva” la presencia e intervención de cientos de efectivos militares y guardias nacionales enviados a los municipios en los que se cultivan más de 50 mil hectáreas de cítricos, en los que no sólo han sido privados de la vida empresarios y trabajadores, sino también destruidos y quemados plantíos, además de afectar las instalaciones.
