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Ejercen acción penal contra 23 individuos por despojo

Por Martha Romero

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra 23 personas implicadas en delitos de despojo, extorsión y delitos contra la propiedad. Las investigaciones revelaron que estos individuos, de forma individual o colectiva, facilitaron la ocupación ilegal de viviendas, locales comerciales, naves industriales y predios, beneficiando a terceros sin derecho legal alguno.

El modus operandi implicaba la actuación de grupos de choque violentos amparados en supuestos “sindicatos”, muchos de ellos avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales. Posterior mente, las propiedades eran regularizadas mediante notarios públicos plenamente conscientes del origen irregular de los inmuebles.

Como parte de la “Operación Restitución”, del 22 al 30 de mayo se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 11 líderes de organizaciones sociales autodenominadas sindicatos, así como contra tres notarios, cuatro funcionarios municipales y cinco servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Entre los implicados se encuentra el líder de la organización criminal “Los Gastones”.

También se identificó a miembros de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales” (USON), quienes, armados y en mayoría, intimidaban a residentes para ocupar propiedades por la fuerza, especialmente en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango y Tlalnepantla.

Otras organizaciones señaladas incluyen “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ), “Unión 300” o “Los 300”, y el “Sindicato 22 de octubre”, que operaban con apoyo institucional y se beneficiaban de desalojos ilegales, incluso de personas vulnerables.

Desde el 1 de abril, las autoridades han asegurado 284 inmuebles y planean intervenir 60 más en los próximos días, lo que elevaría a 344 las propiedades recuperadas en 34 municipios. Estas acciones buscan restituir el estado de derecho y desarticular las redes criminales que operan bajo la fachada de sindicatos u organizaciones sociales.

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