* La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón aseveró que es vital que se reconozca y proteja a personas buscadoras……
Por Martha Romero
De acuerdo con Amnistía Internacional, el 97 por ciento de mujeres buscadoras ha enfrentado al menos una forma de violencia, incluidas amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro y, en casos extremos, asesinato o desaparición, aseveró la diputada Ana Yurixi Leyva Pinón, presidenta de la comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
Lo anterior, dijo, ha orillado a que los padres de familia se sumen a las acciones de búsqueda, derivado de la falta de atención e indiferencia de las autoridades, lo que hacen sin garantías mínimas de seguridad y muchas veces sin apoyo legal ni psicológico, mientras que las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.
Por ello, para reconocer y proteger a familiares que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, informó que presentó una iniciativa para incluir en el glosario de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México el término “padres y madres buscadoras”.
Mencionó que la iniciativa de reforma les define como todo padre, mujer o grupo de mujeres que buscan de manera individual o colectiva a sus familiares desaparecidos en contextos de violencia, ante la posible omisión del Estado, convirtiéndose en defensores de derechos humanos.
Refirió que desde 1952, más de 128 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, lo que se ha convertido en una crisis que no ha sido abordada con la responsabilidad que demanda, además de que en muchos casos se han generado vacíos institucionales que han obligado a las familias a asumir la dolorosa y peligrosa tarea de buscar a sus seres queridos.
Añadió que estas mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas y a recorrer territorios con presencia del crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización.
La también integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) recordó el caso de Norma Esther Andrade, quien abandonó su trabajo como maestra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en búsqueda de justicia por el asesinato en 2017 de su hija Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, por lo cual ha sufrido dos atentados.
Indicó que por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de prevención de los ataques y amenazas que enfrentó, lo que le impidió ejercer plenamente su derecho a defender los derechos humanos.
También mencionó la lucha de Irinea Buendía Cortés, quien logró un precedente histórico contra la impunidad tras el feminicidio de su hija en el Estado de México, Mariana Lima Buendía, en 2010. Luego de que el caso fuera investigado como suicidio, acreditó la existencia de violencia de género, lo que llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara, en 2015, que toda muerte violenta de mujeres se investigue con perspectiva de género.
Por estos casos y muchos más, resaltó que la iniciativa considera importante que las autoridades mexicanas reconozcan públicamente el derecho a buscar y que los hombres y mujeres buscadores sean reconocidos por las instituciones de gobierno como defensoras de derechos humanos.
Señaló que a las personas que participan en acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas se les debe brindar la protección del Estado para garantizar su seguridad e integridad física, psicológica y emocional durante las labores de búsqueda, acceso a medidas de protección y reparación integral, además de que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia en su contra.
