Karina Libien
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En medio de una escalada en las tensiones bilaterales y una creciente presión por frenar el flujo de drogas hacia el norte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha comenzado a revocar visas a funcionarios políticos mexicanos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.
Aunque este tipo de medidas no es nuevo -el caso más notorio fue el del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval-, la reciente inclusión de figuras en funciones, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, marca un punto de quiebre.
El retiro de la visa a la mandataria bajacaliforniana y a su esposo, Carlos Torres Torres, ha encendido alarmas a nivel nacional.
Sin embargo, Estados Unidos no ha ofrecido detalles específicos -como es su política habitual en temas migratorios-, el hecho de que una gobernadora electa en funciones haya sido vetada del territorio estadounidense sugiere algo más que una decisión “administrativa”, como ella ha intentado minimizar.
La narrativa oficial se limita a negar irregularidades, pero el silencio de Washington es tan estruendoso como el de las instituciones mexicanas que han evitado abrir una investigación formal.
Pero esto no es un caso aislado, es parte de una estrategia más amplia: Estados Unidos ya no finge diplomacia. Ahora lanza dardos con nombre y apellido, como en enero de 2025, cuando la Casa Blanca acusó abiertamente que en México los cárteles operan como gobiernos paralelos, con control territorial, impunidad total y, claro, con respaldo institucional.
En otras palabras: “ustedes fingen gobernar y nosotros fingimos que les creemos”.
Para reforzar la crítica, Washington impuso aranceles de 25 % y una política de sanciones que incluye la revocación de visas, el congelamiento de cuentas y, si se descuidan, hasta el veto para comprar boletos de “Peso Pluma” en Houston.
La narrativa es simple: México ya no es víctima del narco, sino cómplice. Y si no pueden con el narco, al menos que no crucen a Disneylandia.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum clama por respeto a la soberanía, recuerda que también hay crimen en el norte y exige explicaciones.
Suena bien. Pero la realidad es que, a falta de investigaciones internas, México ha optado por blindar políticamente a los señalados, como si gobernar desde Tijuana o Tamaulipas con sospechas de narcotráfico fuera parte de la normalidad democrática. Aquí, la revocación de visa no es motivo de renuncia, sino de gira mediática.
Los casos ya suman varios: Marina del Pilar y su esposo; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; y el alcalde de Matamoros, José “Beto” Granados, quien habría sido vinculado al Cártel del Golfo.
Pero no hay problema: todos lo niegan, se declaran víctimas, y continúan en funciones como si nada. La única “cancelación” que temen no es la de la justicia, sino la de sus reservas en San Antonio.
Y mientras tanto, los narcos siguen haciendo patria. No necesitan pasaporte, no requieren visa, no conocen frontera. Lo que necesitan es un Estado débil, tolerante, y si se puede, agradecido. Un narco agradecido es mejor que un funcionario incómodo. Al fin que los primeros sí cumplen lo que prometen.
La pregunta es: ¿seguirá México dejando que el vecino le diga en qué rincón huele podrido su sistema político? ¿O tomará por fin la escoba y hará limpieza desde adentro? Porque el problema ya no es que el narco esté infiltrado… es que tal vez esté al frente.
