El gobierno del Estado de México sostuvo que la situación que enfrenta el municipio de El Oro debe atenderse mediante los mecanismos jurídicos e institucionales, ante las acusaciones públicas por presuntos manejos financieros y señalamientos de gobernabilidad que se han expuesto en semanas recientes.
A consideración del secretario general de Gobierno estatal, Horacio Duarte Olivares, el diferendo tiene un origen político y se manifiesta a través de escritos, declaraciones públicas y disputas internas entre integrantes del Ayuntamiento, por lo que exhortó a que las partes conduzcan sus diferencias conforme a la ley y dentro de los cauces previstos para la vida municipal.
El posicionamiento se dio tras la denuncia pública del tesorero municipal, Carlos Felipe Sánchez Florentino, quien señaló que la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, habría asumido el control de las cuentas bancarias del Ayuntamiento desde el 19 de diciembre de 2025, hecho del que se deslindó formalmente.
“Existe un conflicto que debe procesarse conforme a las atribuciones legales de cada autoridad, las diferencias políticas no pueden resolverse con decisiones unilaterales ni fuera del marco institucional, el llamado es a que se utilicen las vías jurídicas y los procedimientos previstos para los Ayuntamientos”, señaló el funcionario.
En un documento difundido por el tesorero municipal se advierte que, con base en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dejó de autorizar y validar movimientos financieros al considerar que cualquier intervención irregular podría afectar la hacienda pública, además de haber dado aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante la posible comisión de ilícitos vinculados con el uso de recursos públicos.
“Desde que se tomó conocimiento del control de las cuentas se suspendió cualquier firma o autorización, se informó a las instancias competentes y se dejó constancia de que no existe responsabilidad sobre transferencias que carezcan de sustento administrativo y jurídico”, se señala en el documento.
También se expone que al tesorero se le ha impedido el acceso a las oficinas de su área y que se realizaron movimientos de personal sin aprobación del Cabildo, hechos que, de acuerdo con ediles, han generado incertidumbre administrativa y afectaciones a la operación municipal.
En tanto, el gobierno estatal reiteró que las controversias deben resolverse al interior del Ayuntamiento y en las instancias legales correspondientes para evitar impactos a la población.
