Por Mireya Álvarez
En un contundente llamado a la conciencia colectiva, un grupo de periodistas y fotoperiodistas mexicanos emitió una carta abierta dirigida al gremio periodístico nacional, en la que denuncian el creciente uso de herramientas legales como mecanismos de censura y persecución política. La misiva, firmada por comunicadores de distintas entidades, advierte sobre un contexto cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en México.
“Vivimos tiempos oscuros para la libertad de expresión”, inicia el pronunciamiento, el cual destaca que, pese a no encontrarse en un conflicto bélico, México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. A la violencia física que ha cobrado la vida de decenas de informadores en los últimos años, se suma, según la carta, una amenaza silenciosa, pero igualmente alarmante: el uso arbitrario de la ley para silenciar voces críticas.
En el documento se denuncia particularmente el uso indebido de figuras jurídicas como la violencia política en razón de género, la cual, aunque fue creada para proteger derechos, estaría siendo manipulada por autoridades estatales y tribunales para castigar a periodistas que cuestionan al poder. “Esta figura está siendo utilizada de forma arbitraria, desproporcionada y descontextualizada”, aseguran los firmantes.
Entre las sanciones impuestas bajo estos criterios, se mencionan disculpas públicas forzadas, censura previa, multas excesivas y registros punitivos sin debido proceso, medidas que, advierten, constituyen una forma de violencia institucional y representan una amenaza directa al sistema democrático del país.
“El derecho a informar, cuestionar y exigir rendición de cuentas no puede ni debe criminalizarse”, señala el documento, al tiempo que convoca a periodistas de todo el país a sumarse a este posicionamiento a través de una campaña de firmas disponible en la plataforma Change.org., en el siguiente enlace: https://chng.it/TV7DCTRz6b
Finalmente, en su mensaje, exigen a las autoridades mexicanas tres acciones urgentes: El cese inmediato del uso instrumental de la ley para silenciar voces críticas; la revisión urgente de todos los casos en los que periodistas han sido sancionados sin respeto al debido proceso; la garantía plena e irrestricta del derecho a informar, investigar y opinar.
“El periodismo libre no es un privilegio: es una necesidad democrática. Y no permitiremos que el poder político o judicial lo convierta en delito”, acotaron.
En un entorno donde la labor informativa enfrenta tanto riesgos físicos como jurídicos, esta iniciativa busca visibilizar una problemática que afecta no solo al gremio, sino al derecho de la ciudadanía a estar informada.
