* Denuncian cobros ilegales en el penal de Santiaguito……
Vivir en prisión en el Estado de México tiene un costo que va más allá de la condena judicial. En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, familiares de personas privadas de la libertad denunciaron una red de cobros ilegales por parte de custodios para acceder a derechos básicos como una cama, agua, cobijas o el ingreso de alimentos.
De acuerdo con testimonios recabados, las cuotas para introducir un guisado comienzan en 50 pesos, pero pueden elevarse a 80 o hasta 100 pesos, dependiendo del criterio del custodio y del artículo que se pretenda ingresar. Ropa, frazadas o un par de tenis también estarían sujetos a “pagos extra”, bajo la amenaza de impedir su entrada o incluso desecharlos.
Las cárceles mexiquenses, bajo la administración de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), arrastran problemas estructurales como la sobrepoblación, situación que, lejos de atenuarse, ha profundizado prácticas de extorsión y abuso, según las denuncias.
Una mujer, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, relató que su hijo —quien padece una condición médica— ha sido víctima de agresiones físicas al interior del penal.
“Mi hijo convulsiona, ha sufrido maltratos por los custodios; le han pegado, lo han llevado ‘al castigo’… lo extorsionan, quieren dinero y ahora no tengo”, narró.
La situación, explicó, se vuelve asfixiante para las familias: deben entregar efectivo tanto a custodios como a otros internos con poder al interior, para evitar abusos o agresiones.
“Son abusos, ahí todo es extorsión. Para pasar alimentos es dinero, para pasar ropa es dinero; para todo es dinero. Con los presos es otra cosa, muy delicada”, añadió.
El efectivo, aseguran, se utiliza para cubrir gastos que deberían ser responsabilidad de la institución: desde el acceso al agua, el derecho a bañarse, el pase de lista o incluso una cama donde dormir. Los montos impactan directamente en la economía de las familias.
“Cada visita me llevo casi 800 pesos; con la comida gasto hasta mil 500. Voy una vez al mes porque trabajo como comerciante y mis ingresos ya se agotaron”, lamentó la mujer.
Los custodios de los centros penitenciarios del Estado de México dependen de la SSEM y tienen la encomienda de garantizar el orden y la seguridad. Sin embargo, los testimonios apuntan a que su criterio define qué entra y qué no, y a qué precio.
“Dicen ‘esto no pasa’ y si pasa necesitas darme unas monedas. A veces uno ofrece 20 pesos y no los aceptan; mínimo 50. Si no, tiran las cosas”, relató otra familiar.
El ambiente, describen, es intimidante: gritos, amenazas y negativas constantes, incluso cuando se trata de artículos básicos para internos que carecen de calzado o abrigo.
La crisis se agrava por el hacinamiento. Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social federal indican que, a diciembre de 2025, los 21 centros penitenciarios del Estado de México tenían capacidad para 14 mil 481 personas, pero albergaban a 37 mil 349.
Esto representa un excedente de 22 mil 868 internos y una sobrepoblación del 157.92%, condiciones que derivan en espacios insuficientes, tensiones constantes y un caldo de cultivo para abusos y corrupción.
Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Estatal 2025 del INEGI, en el sistema penitenciario mexiquense laboraban 3 mil 569 personas. La mayoría percibe sueldos que oscilan entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales (2 mil 637 trabajadores). Otros rangos salariales van de 10 mil a más de 40 mil pesos, aunque conforme aumenta el sueldo, disminuye el número de empleados.
El propio censo señala que la mayor parte del personal cuenta con estudios de secundaria y preparatoria, siendo minoría quienes tienen licenciatura o posgrado.
Mientras las cifras oficiales exhiben la saturación del sistema penitenciario, las denuncias de cobros ilegales revelan una realidad cotidiana marcada por la corrupción y la vulneración de derechos humanos. Para las familias, el castigo no termina en la sentencia: continúa cada visita, cada cuota y cada intento por brindar un mínimo de dignidad a quienes viven tras las rejas.
