* Denuncian imposición y manipulación en proceso para elegir representante indígena……
* Anunciaron que acudirán a tribunales, comisiones de derechos humanos, así como a instancias nacionales e internacionales para exigir justicia……
Por Mireya Álvarez
En un acto de denuncia y dignidad, Antonia Mejía González y Ofelia Medina Valeriano, mujeres indígenas otomíes y reconocidas artesanas de las comunidades de San Cristóbal y Jicaltepec, Autopan, Toluca, respectivamente, ofrecieron una rueda de prensa para anunciar su decisión de no participar en la Asamblea convocada por el Ayuntamiento de Toluca para la elección del representante indígena.
Ambas mujeres señalaron que el proceso ha estado plagado de irregularidades, vicios de origen y un sesgo político evidente que, lejos de garantizar la participación libre y auténtica de los pueblos indígenas, buscó imponer a una candidata afín al gobierno municipal.
Mejía González y Medina Valeriano declararon que desde el inicio cumplieron cabalmente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asistieron a reuniones y se involucraron activamente, confiando en que se trataba de un ejercicio democrático. Sin embargo, pronto observaron cómo el proceso fue “capturado por intereses políticos” y el comité organizador dejó de comportarse como un árbitro imparcial, para convertirse, según sus palabras, en un instrumento del oficialismo.
Uno de los señalamientos más graves fue dirigido al ciudadano Jesús Renovato Salazar, quien forma parte del comité organizador y a quien acusaron de intentar persuadir a una de ellas para que declinara su aspiración en favor de Madai Ramírez Peralta, quien, además de ser una de las candidatas, es sobrina de la ex regidora Amalia Peralta y figura cercana al “poder municipal”. “Este tipo de presiones no sólo violan la equidad del proceso, sino que representan una grave falta al derecho de participación libre y autónoma de las mujeres indígenas”, subrayaron.
Las irregularidades, según denunciaron, no se limitaron a presiones personales, indicaron que también hubo manipulación directa de los documentos oficiales. Un caso emblemático fue la omisión del nombre correcto de la suplente Ofelia Medina Valeriano en la convocatoria. En su lugar, apareció el nombre de María Eloísa Romero Flores, suplente de otra planilla, lo que generó confusión y desinformación entre las comunidades.
Además, cuestionaron la logística de la asamblea, donde los horarios establecidos fueron restrictivos y favorecieron únicamente a las candidaturas que contaban con transporte oficial financiado con recursos públicos. “Mientras algunas íbamos en taxi o caminando, otras llegaban en camionetas pagadas por el Ayuntamiento”, denunciaron.
De acuerdo a las inconformes, la situación se agravó durante la última asamblea, cuando se permitió el ingreso de personas ajenas a las 51 comunidades indígenas reconocidas oficialmente, incluso provenientes de otros municipios. El control de acceso estuvo en manos del propio personal del Ayuntamiento, y, según relataron, se registraron agresiones físicas hacia una de las participantes. Todo esto, aseguran, “demuestra la ausencia total de garantías” para un proceso justo.
Para Mejía González y Medina Valeriano, este proceso no tiene como finalidad garantizar una representación auténtica del pueblo indígena, sino “legitimar una imposición ya acordada entre actores del poder”. Por ello, en un acto de protesta, han decidido no prestarse a lo que califican como una “farsa”.
Ante ello, anunciaron que acudirán a tribunales, comisiones de derechos humanos, así como a instancias nacionales e internacionales para exigir justicia. “Nos negamos a ser cómplices de un proceso amañado. Vamos a defender nuestros derechos por todas las vías legales posibles”, declararon.
Las artesanas otomíes hicieron un llamado urgente a los pueblos indígenas de la capital mexiquense, a las mujeres organizadas, a académicos, medios de comunicación y a la sociedad civil en general, para que se sumen a la defensa de sus derechos colectivos. “Demandamos un nuevo proceso, legítimo, transparente, autónomo y con supervisión imparcial, que parta de cero y no esté manipulado por actores del gobierno en turno”, afirmaron.
Con firmeza y dignidad, finalizaron su pronunciamiento recordando que el respeto a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas no es una dádiva, sino un derecho constitucional.
“El pueblo indígena de Toluca exige respeto, exige autonomía y una representación auténtica”, concluyeron.
