Ayer domingo 1 de junio, México vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, el retraso y la erosión progresiva de los protocolos democráticos, en el marco de las elecciones para la renovación del Poder Judicial.
Bajo el discurso de un compromiso con la democracia y el fortalecimiento institucional, más de 215 observadores registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) desplegaron una estrategia nacional de vigilancia. Sin embargo, lo observado dista mucho del ideal democrático.
Desde tempranas horas, los reportes revelaron una preocupante realidad: sólo 64.25 % de las casillas observadas fueron instaladas con normalidad.
Un 30.9 % funcionó con personal incompleto o suplente; 3.7 % no se habían instalado hasta el primer corte, y 1.2 % lo hizo con retraso.
Más allá de las cifras, lo que se desprende es una fragilidad institucional que no puede ignorarse.
Casillas a medio abrir, protocolos ignorados
Uno de los hallazgos más alarmantes es la tendencia del INE a flexibilizar, sin mayor debate público, los requisitos legales para la instalación de casillas.
En múltiples casos -especialmente en Veracruz y Durango- se permitió abrir mesas con sólo tres de los seis funcionarios requeridos por ley.
El Artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente las condiciones para hacerlo como medida excepcional.
Hoy, lo excepcional amenaza con volverse costumbre.
¿A qué costo estamos manteniendo una fachada de legalidad?
La falta de funcionarios, sobre todo en zonas rurales, evidencia no sólo problemas logísticos, sino también una falta de voluntad o confianza de los ciudadanos en participar en estos procesos.
En lugares como Xalapa y Coatzacoalcos, al menos 12 casillas no contaban con personal hasta bien entrada la mañana. Esta ausencia no es casual: es el reflejo de un sistema judicial y electoral percibido como lejano, ajeno, y, en muchos casos, cooptado.
Veracruz y Durango, entre el caos y la negligencia
Veracruz se convirtió en uno de los puntos más críticos del proceso
Con un retraso estimado de 35 % en la instalación de casillas, los observadores reportaron acarreo de personas y la intervención directa de funcionarios públicos en el ejercicio del voto.
En zonas rurales del norte y sur del estado, más de 40 casillas no estaban operativas a las 9:45 a. m.
Mientras tanto, en Manzanillo, testigos observaron a una persona registrando el sentido del voto fuera de las casillas, una práctica que viola flagrantemente la libertad del sufragio.
Durango, por su parte, sufrió una desorganización evidente: 31 % de las casillas no abrió a tiempo por problemas con los paquetes electorales y una confusión inaceptable entre boletas judiciales y municipales.
En la capital y en Gómez Palacio, la falta de claridad entre los propios funcionarios sobre los tipos de elección fue un factor determinante en los retrasos.
Violencia y tragedia, los costos humanos
Pero más allá de los errores técnicos, esta jornada electoral deja una marca indeleble: al menos dos personas mayores fallecieron en contextos relacionados con el proceso electoral.
En Veracruz, un hombre de 79 años perdió la vida tras esperar más de dos horas de pie bajo el sol en una casilla sin sombra ni atención médica básica.
En Coahuila, una mujer de 82 años cayó al intentar ingresar a una casilla improvisada en un edificio sin accesibilidad.
Ambas tragedias evidencian una absoluta falta de planeación con perspectiva humanitaria.
¿Qué clase de democracia permite que sus ciudadanos más vulnerables mueran intentando ejercer su derecho?
Reynosa y clientelismo descarado
En Reynosa, Tamaulipas, la denuncia sobre reparto de despensas a votantes no fue sólo anecdótica.
Las prácticas de coacción del voto, impensables en una democracia madura, se ejecutaron a plena luz del día.
No hubo disimulo: la intervención fue frontal, evidente, y hasta ahora sin consecuencias. ¿Dónde quedó el Estado de derecho?
El telón de fondo: desconfianza y desgaste
El proceso judicial electoral de este 2025 se ha realizado bajo una sombra creciente de desconfianza institucional.
La elección del Poder Judicial, un órgano que debería ser baluarte de imparcialidad y firmeza legal, hoy se encuentra envuelta en acusaciones de manipulación, opacidad en las designaciones y simulación democrática.
Si los operadores de justicia son elegidos en procesos irregulares, ¿cómo podrá el ciudadano confiar en sus sentencias?
En nombre de la democracia, se está legitimando lo inaceptable.
La prisa por sostener una narrativa de legalidad está conduciendo a una peligrosa tolerancia frente a los abusos, las omisiones y la desorganización.
La observación ciudadana ha sido clara: hay un problema sistémico, no incidental.
Una advertencia urgente
La jornada de ayer debe servir como advertencia, no como precedente.
Si lo que se busca es fortalecer la institucionalidad, es momento de reconstruir, no de maquillar.
La democracia no se mide sólo por la cantidad de casillas abiertas, sino por la dignidad, el orden y la legalidad con la que se ejerce el voto.
Y hoy, México ha quedado a deber.
