La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la Recomendación 09/2025 por violación a los derechos a la debida diligencia, al acceso a la justicia, a la verdad, a la propia imagen y a la intimidad, al determinar en sus investigaciones que durante la indagatoria por el homicidio de un joven estudiante de psicología, ocurrido entre la Ciudad de México y el municipio de Ixtapaluca, hubo omisiones y faltas al protocolo pericial y procesal, por parte de la Fiscalía mexiquense.
Este Organismo acreditó que se transgredieron derechos humanos, en el caso ocurrido el 29 de mayo de 2022, cuando la víctima salió de una reunión en la Ciudad de México para dirigirse a su domicilio en Valle de Chalco. A las 5:40 de la mañana del 30 de mayo, una persona activó el botón de emergencia de una cámara del C5, en la calzada Ignacio Zaragoza, por la presencia de un joven inconsciente en la vía pública, a lo que acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX; a las 06:36 de la mañana, se presentó una ambulancia particular que, aparentemente, se encargaría de brindar la primera atención a la víctima y, según dijeron, la trasladarían al Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE.
No obstante, el 3 de junio, personal de la Guardia Nacional (GN) encontró el cuerpo del joven, en el kilómetro 50.8 de la autopista de cuota México-Puebla, municipio de Ixtapaluca, por lo que se inició una investigación por el delito de homicidio en la Agencia Especializada de Homicidios Zona Oriente Ixtapaluca. En la diligencia de levantamiento del cadáver participó personal de la FGJEM, entre ellos, un perito criminalista de campo y un policía ministerial, así como un elemento policial de la GN.
Derivado de los hechos, la CODHEM comprobó que el 4 de junio de 2022, una persona perito médica legista de la FGJEM practicó la necropsia al cuerpo y estableció que la víctima fue lesionada con un instrumento punzo cortante y falleció por hemorragia a consecuencia de la herida. Las investigaciones posteriores de las personas servidoras públicas de este organismo revelaron que la perito incurrió en deficiencias y omisiones al realizar dicho protocolo de necropsia.
