* Solicitó la intervención directa de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez; al secretario general de Gobierno, al fiscal general, y al fiscal anticorrupción, para que inicien una investigación inmediata, imparcial y conforme a derecho en contra de los funcionarios señalados……
Por Mireya Álvarez
Cuauhtémoc Salvador Ortega Nila, empresario mexiquense con presencia en los municipios de Nezahualcóyotl y Toluca, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas, extorsión y fabricación de delitos por parte de autoridades de la región de Texcoco.
De manera formal, pacífica y respetuosa, hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para que se investigue a la fiscal regional Alejandra González González y al comandante Santiago Hernández, a quienes señala directamente como responsables de estos actos.
En conferencia de prensa, Ortega Nila narró que el pasado 7 de julio acudió a Texcoco tras haber sido citado por Tomás Hernández, padre de José Ángel Hernández Cisneros, con quienes mantiene una disputa financiera. Según el empresario, ese día se esperaba que le fuera entregada la cantidad de un millón cien mil pesos, deuda que los Hernández mantenían con él.
“Acudí con familiares por la cantidad considerable que iba a recibir, pero al llegar al sitio ya nos esperaban policías estatales. No hubo entrega del dinero y más tarde, en circunstancias poco claras, fuimos llevados al Ministerio Público, donde la situación cambió drásticamente”, detalló.
Aunque asegura que acudió de forma voluntaria, en el Ministerio Público fueron retenidos y pasaron a calidad de detenidos. “La fiscal regional nos amenazó. Me dijo que aun así iba a judicializar el caso y que, si intentaba denunciar o hablar, me abrirían una nueva carpeta por un delito distinto”, afirmó.
Lo más grave, señaló, es que para obtener su libertad le exigieron el pago de 70 mil pesos, divididos en dos entregas de 35 mil cada una. “El dinero fue entregado por un familiar a una persona identificada como la licenciada Rosa, por instrucciones directas de la fiscal González”, aseguró.
Además, el empresario explicó que la deuda de un millón cien mil pesos se redujo arbitrariamente a 500 mil, a pagar en mensualidades de 50 mil pesos, como parte de un acuerdo impuesto bajo presión por las autoridades. “Se me obligó a firmar documentos en los que aceptaba condiciones que no eran justas, bajo amenaza de extenderme otro proceso penal”, lamentó.
Ortega Nila denunció que este no es un caso aislado. “Otros empresarios de Texcoco y municipios aledaños han sido afectados por las mismas autoridades, pero temen represalias y por eso no han querido dar la cara. En su momento, presentaremos las pruebas y testimonios ante la instancia correspondiente”, advirtió.
Ante ello, solicitó directamente a la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez; al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; al fiscal general, José Luis Cervantes Martínez; y al fiscal anticorrupción, Rodrigo Archundia, que inicien una investigación inmediata, imparcial y conforme a derecho en contra de los funcionarios señalados.
“También hago un llamado al secretario de Seguridad del Estado de México para que suspenda de sus funciones al comandante Santiago Hernández, así como al personal que participó en la supuesta puesta a disposición, que nunca existió”, indicó.
Finalmente, exigió la suspensión del cargo de la fiscal regional, quien, según sus palabras, se jacta de no recibir órdenes del fiscal general, sino directamente de la gobernadora, y que habría sido impuesta por un grupo político de Morena en Texcoco.
“Este es un llamado a la justicia, a la legalidad y al respeto a los derechos de los ciudadanos y empresarios que solo buscamos trabajar y contribuir al desarrollo del estado. No podemos permitir que el poder se utilice para extorsionar y fabricar delitos”, concluyó.
La denuncia está respaldada por audios, documentos y testimonios que serán presentados ante las instancias legales en los próximos días.
