Por Mireya Álvarez
El sector empresarial del Valle de Toluca está en alerta tras recientes operativos de inspección que, según denuncian algunos empresarios, han afectado sus negocios sin una adecuada justificación o un marco legal claro.
Verónica Valdéz Gonzáles, Presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de la capital mexiquense, indicó que los empresarios, que en su mayoría cumplen con las estrictas regulaciones y pagos de licencias, por lo que expresó su preocupación por la falta de certeza jurídica y el temor que generan este tipo de acciones, que afectan la estabilidad de sus negocios y su inversión.
“No es justo que se intente hacer un terrorismo contra los empresarios. Todos necesitamos mejores condiciones, pero no a costa de nuestra seguridad jurídica y nuestra tranquilidad”, señaló.
Y agregó que, en algunos casos, las autoridades han llegado a realizar inspecciones sin orden de cateo y sin dar tiempo a los negocios para justificar sus acciones y en muchas veces, dijo, los operativos no son lo suficientemente transparentes, lo que alimenta la desconfianza y la sensación de injusticia.
“Nos obligan a estar atentos y a conocer nuestros derechos. La verdad es que esto genera mucho nerviosismo”, explicó.
Valdéz Gonzáles, indicó que el temor entre los empresarios no solo se limita a la posibilidad de cierre de sus establecimientos, sino que también se debe al sentimiento de inseguridad que provoca la falta de un trato equitativo.
“El sector formal siempre trata de hacer las cosas correctamente, pero muchas veces nos enfrentamos a un panorama donde otros sectores informales tienen más privilegios. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, cumplimos con cientos de regulaciones y revisiones, mientras que los comercios informales parecen estar exentos de todo esto, eso afecta la competencia leal”, apuntó.
En cuanto a los operativos más recientes, que incluyeron revisiones en barberías y bares, señaló que hubo inconsistencias, como la circulación de videos que presuntamente mostraban a policías “sembrando” pruebas en los establecimientos antes de las revisiones.
Esta situación dijo, solo desvirtúa el propósito inicial del operativo, que era frenar la delincuencia y la venta de sustancias ilegales. Ante estos hechos, pidió a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva, especialmente en los órganos de control internos de la policía y la Fiscalía, para asegurar que estos procedimientos se lleven a cabo de manera justa y sin corrupción.
“Este tipo de videos y denuncias pone en duda la transparencia de los operativos. Si se demuestra que hubo corrupción, las autoridades deben tomar cartas en el asunto”, agregó.
A pesar de las críticas a algunos operativos, también destacó la importancia de los esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“El alcoholímetro y otros operativos de seguridad han mostrado resultados positivos. Las calles son más seguras y los accidentes han disminuido. Sin embargo, es importante que estos operativos sean llevados a cabo de manera legal, justa y bien supervisada, para que realmente cumplan con su objetivo”, acotó.
Con estos señalamientos, espera que se generen mesas de diálogo y mayor comunicación con las autoridades locales, para lograr un entendimiento mutuo que permita avanzar hacia un entorno más seguro y equitativo tanto para los negocios como para los ciudadanos.