Del pasado 9 de septiembre de 2024 a la fecha, tiempo en el cual ha prevalecido la violencia en Culiacán y diversos municipios del sur del estado por disputas entre dos facciones del Cártel de Sinaloa (los Guzmán contra los Zambada), mil 119 personas han sido privadas de la libertad; de las cuales 383 de ellas han sido localizadas vivas y aún falta encontrar a 726 ausentes, además de reconocer poco más de 800 homicidios dolosos, informó Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno estatal del estado de Sinaloa.
El funcionario reconoció que la violencia e inseguridad no han sido superados, y reiteró la solidaridad del gobierno estatal con las familias que se han visto agraviadas con la pérdida o desaparición de seres queridos, pues no es ajeno a lo que les sucede.
Sostuvo que con la implementación de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal y del que encabeza el mandatario estatal, se ha logrado detener el incremento de homicidios dolosos, que en el pasado octubre sumaron 182. De acuerdo con Castro Meléndrez, poco a poco, a partir de noviembre de 2024 se ha registrado un bajo, lento, pero significativo descenso de las cifras de asesinatos.
Afirmó que la esperanza que todos los días se construye, de que la paz y la tranquilidad lleguen a Sinaloa, implica implementar dicha estrategia. Mencionó que los ciudadanos que han padecido las muertes y desapariciones de familiares y amigos reciben apoyo por medio de la Comisión de Atención a Víctimas.
En tanto las autoridades del estado dieron a conocer la posibilidad de que en este mes de febrero retorne a la entidad el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, aunque ignora la fecha precisa.
Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tan sólo el pasado domingo, se registraron ocho personas muertas en diferentes sitios del municipio de Culiacán, por lo que se abrieron seis carpetas de investigación, además de recibir una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad en este municipio.
Otro detalle importante es el hecho que no hay un mecanismo legal o político para la posible remoción del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Es por ello que la ciudadanía del estado golpeado por la violencia, buscan de alguna manera que Rocha Moya, abandone el cargo como una vía para despresurizar dicha violencia, que está tomando tintes nunca vistos.
