Por Martha Romero
Omisiones, abuso de poder y una obstrucción sistemática a sus funciones como integrante del cabildo, son algunas de las irregularidades que se están presentando al interior del Gobierno Municipal de Chapa de Mota encabezado por la alcaldesa, María Guadalupe Franco Cruz, denunció el sindico municipal, Antonio García Pérez.
Añadió que debido a que dichos actos se constituyen en presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, ya presento diez demandas ante el Tribunal Electoral del Estado de México (IEEM), acciones legales que no obedecen a caprichos ni intereses personales, sino a una respuesta a la constante negativa de entregarle información esencial para ejercer sus responsabilidades como síndico.
Precisó que uno de los casos más graves fue que le negaron conocer el contenido del presupuesto municipal, documento que por ley está obligado a revisar y firmar, y si bien el TEEM ya resolvió a su favor y ordenó al ayuntamiento entregarle el documento, aún hay siete demandas más en curso que están siendo analizadas.
Éstas, dijo, están relacionadas a la falta de transparencia en temas clave como el destino de recursos federales y estatales de los meses de enero y febrero; la nómina actualizada del ayuntamiento; los pagos realizados por laudos y finiquitos; así como el presupuesto asignado a la sindicatura.
García Pérez también denunció el hostigamiento del que ha sido objeto su equipo de trabajo, lo que incluye despidos arbitrarios y presiones para forzar renuncias o actos contrarios a la ley, además de que las oficinas que albergan a la sindicatura fueron irrumpidas sin autorización, por lo que analiza presentar una denuncia penal por la posible falsificación de documentos oficiales.
Tras advertir que estos actos no solo son opacos, sino también ilegales, mismos por los que se pueden fincar responsabilidades administrativas y penales que deben investigarse.
Por ello, responsabilizó de manera directa a la presidenta municipal por incumplir con su obligación de presentar el presupuesto 2025 para su revisión, hecho que también fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
“La sindicatura no puede ser anulada por voluntad política. Está en juego el cumplimiento del mandato constitucional que rige al ayuntamiento. Hago un llamado a cesar las prácticas de opacidad y a respetar la legalidad”, concluyó.
