* Mientras siete de cada diez mexiquenses viven con miedo cotidiano, el Congreso analiza una nueva reforma en materia de seguridad, otra promesa legal que busca corregir con cambios constitucionales lo que años de ineficacia institucional no han logrado resolver…..
Por Martha Romero
En el Estado de México más de siete de cada diez personas dicen sentirse inseguras, no es percepción exagerada ni alarma inducida, es la rutina diaria convertida en estadística, la Encuesta Nacional de Victi mización y Percepción sobre Seguridad Pública vuelve a recordarlo, mientras la vida cotidiana se desarrolla entre rejas, cámaras improvisadas y calles vacías al anochecer, la respuesta institucional aparece otra vez en forma de iniciativa legal, ahora el Congreso mexiquense analizará la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez para ampliar y redefinir las atribuciones policiales, como si el problema fuera la falta de normas y no la ausencia de resultados.
El dato es contundente, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas para la población mexiquense, pero el guion no cambia, ante el miedo social se responde con reformas, ajustes constitucionales y nuevos modelos teóricos de seguridad, el discurso promete coordinación, prevención y bienestar, mientras la realidad sigue marcada por robos cotidianos, violencia persistente y una desconfianza profunda hacia las instituciones encargadas de proteger.
El miedo como indicador de gestión
Que la mayoría de la población se sienta insegura no es un detalle menor ni una simple percepción subjetiva, es un indicador directo del fracaso acumulado de políticas públicas que durante años prometieron pacificar al estado más poblado del país, el Edomex no solo carga con cifras elevadas de delitos, también arrastra una sensación constante de vulnerabilidad que atraviesa colonias, municipios y regiones enteras.
En ese contexto se presenta la iniciativa que busca permitir que la Secretaría de Seguridad y las policías estatales y municipales participen de manera más activa en la investigación de delitos, además del Ministerio Público, la propuesta se vende como modernización del modelo de seguridad, aunque para muchos ciudadanos suena más a reconocimiento implícito de que el esquema actual no funciona, porque si el sistema fuera eficaz no habría necesidad de redefinir atribuciones cada sexenio.
La iniciativa plantea fortalecer un modelo integral que combine persecución del delito, atención a sus causas, recuperación del espacio público y generación de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno, un catálogo de buenas intenciones que nadie discute en el papel, el problema es que ese mismo discurso se ha repetido durante años sin que la inseguridad deje de ser el principal temor de la población.
Mientras tanto, el miedo sigue siendo el termómetro más preciso del desempeño gubernamental, no importa cuántos programas se anuncien ni cuántas reformas se aprueben, si la gente evita salir de noche, cambia rutas, modifica horarios y vive en alerta permanente, la política de seguridad simplemente no está cumpliendo su objetivo.
Policías investigadoras por decreto
La propuesta de armonizar la Constitución local con la federal y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública pretende formalizar lo que en muchos casos ya ocurre de facto, policías que investigan, recaban información y auxilian al Ministerio Público, la diferencia ahora sería ponerlo por escrito y elevarlo a rango constitucional, como si el papel pudiera suplir la capacitación, los recursos y la confianza ciudadana que hoy no existen.
El documento insiste en que la seguridad pública es una función concurrente entre Federación, Estado y municipios, una verdad jurídica que en la práctica suele traducirse en responsabilidades diluidas, nadie es completamente responsable y todos pueden señalar a otro nivel de gobierno cuando los resultados no llegan, el federalismo cooperativo suena bien en los discursos, pero en la calle se percibe más como una cadena de excusas.
También se señala que la seguridad pública incluye prevención, investigación, persecución del delito, supervisión de la prisión preventiva, ejecución de sentencias y reinserción social, una lista extensa que evidencia la magnitud del reto, pero que contrasta con un sistema saturado, con ministerios públicos rebasados, cárceles sobrepobladas y programas de reinserción que rara vez trascienden el documento oficial.
Convertir a las policías en actores centrales de la investigación del delito sin resolver antes problemas estructurales como la falta de capacitación, la precariedad laboral, la corrupción interna y la desconfianza social, parece más una apuesta política que una solución real, el riesgo es evidente, ampliar atribuciones sin fortalecer controles puede generar más abusos, no más justicia.
Derechos humanos en el discurso
La iniciativa subraya que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por principios como la protección de la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos, una afirmación necesaria pero desgastada, porque en el Estado de México los señalamientos por abusos policiales no son excepción sino parte del paisaje institucional
Hablar de amor a la patria y autonomía institucional mientras la ciudadanía se siente desprotegida suena a retórica desconectada de la realidad, los derechos humanos no se garantizan con enunciados constitucionales sino con prácticas cotidianas, supervisión efectiva y sanciones reales cuando se violan, algo que hasta ahora no ha logrado consolidarse.
El Sistema Estatal de Seguridad Pública se integrará conforme a las bases constitucionales, dice el texto, como si el problema fuera de arquitectura legal y no de voluntad política y capacidad operativa, la inseguridad en el Edomex no es producto de un vacío normativo, es el resultado de años de simulación, de estrategias fragmentadas y de gobiernos que confunden reformas con soluciones.
Mientras el Congreso analiza la iniciativa y los discursos se acumulan, la ciudadanía sigue viviendo con miedo, adaptándose a la inseguridad como si fuera una condición natural, quizá el verdadero desafío no sea ampliar atribuciones policiales sino demostrar que el Estado puede cumplir su función básica, garantizar que salir de casa no sea un acto de valentía cotidiana.
