* Obras inconclusas, beneficiarios fantasma y violaciones a la ley financiera empañan el uso de recursos federales en el Estado de México……
Por Mary González
Irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones Múltiples La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un probable daño al erario por 1.7 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado de México, derivado de obras no ejecutadas o mal realizadas, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
En su primera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la ASF expuso anomalías en la aplicación de recursos federales transferidos al Estado de México, particularmente en el sector educativo. Entre las instituciones responsables de estas irregularidades figuran el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) y la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT).
A través de la verificación física de 12 obras reportadas como terminadas y pagadas con dinero del FAM, se constató que cuatro de ellas no fueron ejecutadas y otras presentaron incumplimientos graves respecto a las especificaciones establecidas en los contratos.
Las irregularidades van desde la ausencia de instalaciones hasta materiales de baja calidad o simplemente estructuras inexistentes. La ASF calificó estos hallazgos como “pendientes de aclaración”, al no haberse presentado evidencia que justifique los recursos ejercidos.
Beneficiarios fantasma en programa de alimentación escolar
El informe también documenta fallas graves en el programa de alimentación escolar operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). Según la ASF, el gobierno estatal reportó haber entregado apoyos a 4,700 personas registradas como beneficiarias, pero que no se encontraron en la matrícula escolar de nivel básico correspondiente a los ciclos escolares 2023-2024.
Este hallazgo sugiere la existencia de beneficiarios fantasma o una duplicación irregular del padrón, lo que representa una desviación de recursos y genera dudas sobre el impacto real del programa.
En consecuencia, el Órgano Interno de Control del DIFEM inició un procedimiento para investigar y determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos involucrados.
Violaciones a normas de contabilidad y contratación
La ASF también detectó que el Gobierno del Estado de México infringió diversas normativas en el manejo de los recursos federales. Entre las violaciones más graves se encuentran irregularidades en materia de contabilidad gubernamental, coordinación fiscal, disciplina financiera y procesos de contratación pública.
El organismo fiscalizador determinó que dichas acciones contravienen los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas que rigen el ejercicio del gasto público. Ante ello, se emitieron varias acciones correctivas:
* Una recomendación dirigida a corregir fallas estructurales en la planeación y ejecución de obras.
* Una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, para que el SAT determine si hubo evasión o simulación en el uso de los recursos.
* Un pliego de observaciones, que implica la exigencia de reintegrar los recursos o justificar plenamente su aplicación.
Llamado a la transparencia y consecuencias legales
Los resultados de esta auditoría vuelven a poner en evidencia las deficiencias en la gestión de recursos públicos en el Estado de México, uno de los territorios que mayor presupuesto recibe a nivel nacional. Si bien las autoridades estatales aún tienen oportunidad de solventar las observaciones presentadas, el historial de fiscalizaciones anteriores muestra un patrón de opacidad y falta de consecuencias reales.
Diversos sectores sociales y académicos han exigido que las investigaciones no queden en advertencias. Insisten en que, de confirmarse el daño al erario, se deben presentar denuncias penales y aplicar sanciones administrativas a los responsables. La impunidad, afirman, no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que también perjudica a miles de ciudadanos que dependen de programas sociales y obras públicas funcionales.
Un reto permanente para la rendición de cuentas
El caso del Estado de México refleja los desafíos que enfrenta el país en materia de fiscalización efectiva. La transferencia de recursos federales a los estados implica una corresponsabilidad que, en muchos casos, no se cumple a cabalidad. La ASF cumple con su labor técnica, pero el cumplimiento de la ley depende de la voluntad política y la exigencia ciudadana.
En tanto, la ciudadanía exige resultados tangibles y justicia. No basta con identificar errores o desvíos: es necesario sancionar, recuperar lo perdido y asegurar que el presupuesto llegue a donde más se necesita. De lo contrario, continuará el ciclo de opacidad que históricamente ha debilitado a las administraciones públicas.
La ASF ya cumplió con señalar el posible daño; ahora, toca al Gobierno del Estado de México y al Congreso local demostrar que hay disposición real para corregir el rumbo.
